Pasada la medianoche, Cristóbal López se entregó tras la orden de captura que libró el juez Julián Ercolini después de que fuera procesado junto con su socio, Fabián De Sousa, por administración fraudulenta. A los dos los acusan de apropiarse de $8.000 millones de pesos del Impuesto a la Transferencia a los Combustibles para financiar su conglomerado económico, con ayuda del ex jefe de la AFIP kirchnerista, Ricardo Echegaray, que también fue procesado, pero sin prisión.
El dueño del Grupo Indalo hoy “viajó desde el sur” y se presentó en el edificio Centinela ante personal de Gendarmería. Allí pasará la noche y en el transcurso de la mañana se realizará su traslado, después de que sea sometido a una serie de chequeos médicos.
El empresario kirchnerista se entregó luego de que el juez Ercolini librara una orden de captura nacional. Lo habían buscado en Puerto Madero, pero no lo encontraron. Estuvo cerca de siete horas en calidad de prófugo, pero finalmente se entregó al filo de la medianoche del martes al miércoles.
Cristóbal López, según señalaron desde su entorno, se encontraba en el Sur y desde allí viajó durante la noche hacia Buenos Aires.Finalmente, se entregó en el edificio Centinela donde ya se encontraba su socio Fabián De Sousa, quien había quedado detenido en horas de la tarde, cuando Gendarmería lo apresó tras realizar un allanamiento en su domicilio, también en Puerto Madero.
Así, López se convirtió en el kirchnerista número 17 con una orden de prisión preventiva de la justicia federal.
El juez Ercolini lo procesó junto a De Sousa por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por no pagar a la AFIP $ 8.000 millones correspondientes al Impuesto a los Combustibles, dinero con el cual “se capitalizó y financió su grupo empresarial”.
La maniobra se realizó durante el gobierno de Cristina Kirchner y fue facilitada por Ricardo Echegaray quien debía controlar a López y también fue procesado, aunque sin prisión preventiva. A todos se les trabó un embargo de más de $ 17.000 millones.
La causa
La causa inició el 16 de marzo de 2016 con una denuncia de la diputada Elisa Carrió, en la que señaló que las anteriores autoridades de la AFIP permitieron a Oil Combustibles SA (OCSA) “no abonar en tiempo y forma” el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) y el “uso indebido del dinero para capitalizar las demás sociedades” del Grupo Indalo. La AFIP bajo la conducción de Alberto Abad reveló que Cristóbal López se quedó con $ 8.000 millones que debían ir al Estado.
Después de las indagatorias, el juez se declaró incompetente al entender que se trataba de un delito tributario. La Cámara de Casación consideró que esto no era así, y que se debía investigar como una hecho de corrupción.
En ese contexto, el magistrado después del pedido del fiscal Gerardo Pollicita, procesó con prisión preventiva a López y De Sousa. Los dueños de Indalo realizaron “un aporte imprescindible” a la maniobra defraudatoria, “junto a suconsorte de causa Echegaray, al aportar la estructura societaria necesaria para beneficiarse ilegítimamente”.
Para la justicia, López y su socio “tenían el dinero para hacer frente al pago” del impuesto a los combustibles “en tiempo y forma”, pero optaron por “acogerse sistemáticamente a diversos planes de pago que fueron concedidos irregularmente por la AFIP”.
La Justicia concluyó que el empresario K contó “con la venia” del ente recaudador y sólo pagó 7 de los 55 períodos fiscales investigados, a “sabiendas de que le serían concedidos sistemáticamente beneficios de pago y así evitar el cobro compulsivo de esas obligaciones”.