En 2006, el “caso Malaya” destapó la mayor trama de corrupción municipal e inmobiliaria conocida en España. Ahora, esa causa genera un remezón en la provincia, donde Interpol encontró a uno de los prófugos más buscados durante 11 años, quien se desempeñaba como concejal en el momento en el que se produjeron los ilícitos.
Las primeras investigaciones se remontan a noviembre de 2005, cuando se destapó un entramado de asociaciones que encubrieron actividades delictivas de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, entre otras. Todo, llevadas a cabo por dirigentes del Ayuntamiento de Marbella, empresarios y abogados. Ese caso abrió el camino para una sucesión casi ininterrumpida de investigaciones sobre otros posibles casos en decenas de ayuntamientos españoles.
La investigación del caso Malaya propiamente dicha arrancó en marzo de 2005, pero las primeras detenciones no llegaron hasta marzo de 2006. La operación se realizó en tres fases y duró 20 meses de duración, hasta que el juez Miguel Ángel Torres cerró la instrucción en julio de 2007 con el procesamiento de 86 personas.
La operación se llevó a cabo en Málaga, Madrid, Murcia, Huelga y Cádiz. La documentación incautada en los registros facilitó el desarrollo de una segunda fase que se saldó con detención de 32 personas en junio de 2006. Entre ellos había 13 exconcejales de Marbella, 15 constructores y empresarios.
La tercera fase comenzó el 14 de noviembre de 2006 con gran cantidad de detenciones, entre ellas, la más más resonante fue la de la cantante Isabel Pantoja, que se produjo en 2007. A la artista se la acusó de varios delitos contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales. La artista fue puesta en libertad con cargos un día después tras pagar una fianza de 90.000 euros.
El caso llegó a juicio el 27 de septiembre de 2010 con cifras desbordantes: 95 imputados -rebajado luego a 86 acusados-, un centenar de abogados, 196 tomos de sumario y más de un millón de documentos. Se procesó a una veintena de testaferros y 29 empresarios, 20 exconcejales.
El juicio necesitó de 199 sesiones, en las que declararon unos 400 testigos y peritos. Tres exalcaldes, concejales, empresarios -vinculados a los sectores de la construcción, los toros o el fútbol- y abogados son los protagonistas, y muchas alusiones al fallecido Jesús Gil, alcalde de Marbella entre 1991 y 2002.
La trama urbanística destapada en Marbella defraudó las arcas municipales hasta en 460 millones de euros, lo que dejó el ayuntamiento en quiebra.
Seis años después, el 30 de julio de 2012, el caso quedó visto para la sentencia, que fue dada a conocer el viernes 4 de octubre de 2013 y puso fin al macrojuicio por excelencia de la historia judicial española. En total hubo 95 imputados y 2.400 millones de euros blanqueados.