El Ministerio de Hacienda hizo un cálculo preciso de cuál sería el costo fiscal de la ley. En gas, $34.643 millones; en electricidad, $74.936,25 millones; en agua, $5.450 millones. Es decir, un costo fiscal total de $115.029,25 millones sólo en el Presupuesto 2018, sin contabilizar aumentos en el transporte terrestre, ferroviario, telefonía y peajes nacionales, que llevarían a aumentar en por lo menos 25 mil millones adicionales.
Por otro lado, elimina la recomposición tarifaria aprobada en audiencias públicas del 2017, beneficiando -por supuesto- a los usuarios de Capital Federal y área metropolitana de Buenos Aires, que seguirían pagando los servicios con porcentajes mucho menores de los que abonan los usuarios del interior del país.
Algo de esto dijo ayer la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone. "Siendo yo presidenta de la Comisión de Energía propuse varias veces que se hagan renegociaciones tarifarias, pero no tuvimos el apoyo ni de nuestro propio bloque. Nadie quería ningún aumento, y se siguieron subsidiando tarifas de una manera injusta para Tierra del Fuego, que paga tarifa plena en energía y en agua, mientras que en Capital y en el Conurbano siguen los subsidios".
El costo fiscal de $115.029,25 inflaría en un tercio el déficit primario que el Ejecutivo estimó en el Presupuesto 2018, de $395.612 millones. A comienzos de mayo, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció un recorte en la meta fiscal de 0,5 puntos, de 3,2 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) a 2,7 puntos del Producto. Por eso, según los números oficiales, el proyecto de tarifas de la oposición complicaría aún más el objetivo de reducir el desbalance entre ingresos y gastos.
La comisión de Presupuesto de Diputados estimó que el proyecto le significaría al fisco un gasto adicional de 80.000 millones de pesos. Pero contemplaba un recorte en el IVA a 10,5% (que, finalmente, no se votó) y un dólar más cercano a los 20 pesos que a los actuales 25 pesos.