La Cámara Federal porteña aceptó ayer una apelación por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) en contra del sobreseimiento del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, por lo que la causa contra el jefe de los espías por supuestas transferencias bancarias provenientes de la constructora brasileña Odebrecht pasará a Casación y podría reabrirse.
La decisión la tomó la sala I del tribunal de apelaciones en el marco de la causa en la que se investiga si Arribas recibió transferencias bancarias de parte de Odebrecht vinculadas con el pago de coimas en distintas partes del mundo.
La apelación había sido presentada por el fiscal de la PIA, Santiago Eyherabide, una vez que el fiscal federal ante la Cámara, Germán Moldes, desistiera de sostener la acusación contra el jefe de los espías luego de que el juez Rodolfo Canicoba Corral lo sobreseyera. La decisión de la sala I se produjo por mayoría: los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero votaron en favor de aceptar el recurso de la Procuraduría especializada mientras que el camarista Leopoldo Bruglia se manifestó en contra.
La Cámara Federal aceptó el recurso menos de 24 horas después de que trascendieran las nuevas declaraciones de Leonaro Meirelles, el financista brasileño condenado por la megacausa de corrupción conocida como Lava Jato, que ratificó que le transfirió dinero de coimas a Arribas.
Meirelles sostuvo que le realizó 10 transferencias a Arribas por un total de 850.000 dólares y no 5 como se creía originalmente y que ese dinero era de ‘coimas‘ porque ese era el trabajo que hacía Odebrecht luego de ser contactado por quien era su jefe, Alberto Yousseff.
Canicoba Corral había decidido el sobreseimiento de Arribas tras determinar que había podido probar el motivo de la única transferencia que el jefe de los espías había reconocido, decisión que había apelado el fiscal federal Federico Delgado.
El superior de Delgado, Moldes, desistió de sostener el recurso en la instancia siguiente porque ‘las pruebas producidas despejaron lo realmente ocurrido (existió una transferencia justificada de 70 mil dólares) y esa acreditación permite sostener que la hipótesis que presentó el requerimiento de instrucción no se corroboró‘.
Arribas fue denunciado ante la justicia por la diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió el 11 de enero, luego de que el diario La Nación informara que había recibido transferencias bancarias del cambista brasileño Meirelles.
Meirelles es un operador que reconoció haber intermediado en el pago de coimas de Odebrecht y que se acogió al régimen de ‘delación premiada‘ en el marco de la causa del Lava Jato y aportó documentación sobre transferencias bancarias.
Carrió basó su denuncia en registros citados en una nota del diario La Nación, según los cuales Meirelles transfirió un total de 594.518 dólares a través de cinco giros desde una cuenta en Hong Kong a otra en Suiza, a nombre de Arribas, entre el 25 y el 27 de septiembre de 2013.
‘Me imputan haber recibido 594.518 dólares en cinco transferencias por el pago de una supuesta ’coima’ de la empresa Odebrecht para que recobrara impulso el proyecto del soterramiento del Sarmiento‘, resumió Arribas en un comunicado que emitió al respecto.
Ofrecen abrir la caja de pandora
La filial argentina de la constructora brasileña Odebrecht propuso al fiscal federal Federico Delgado suministrar ‘la identidad y el paradero‘ de los supuestos autores de los delitos de pago y cobro de sobornos, tal como se comprometió la empresa en Brasil en relación a sus negocios en otros países en el marco de la Ley de ‘delación premiada’. Aunque, solicitaron en un Anexo que, de momento, ‘inaccesible para terceros‘.
La oferta consiste en ‘revelar la identidad o el paradero de autores, coautores, instigadores o partícipes de estos hechos investigados o de otros conexos‘, así como ‘averiguar el destino de los instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias del delito‘. El procedimiento al que busca acogerse la empresa se llama ‘delación premiada‘ y reduce la condena a la que estipula el mismo delito (lavado, cohecho o el que sea) como si fuera en el grado de tentativa. En la práctica, baja de un tercio de la pena mínima a la mitad de la máxima.