La Cámara de Senadores ayer por la madrugada convirtió en ley el proyecto de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública. La iniciativa contempla cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
El proyecto fue aprobado por 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención tras un debate de casi ocho horas.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y que ya fue sancionado por la Cámara de Diputados, recibió el apoyo de la bancada del Frente de Todos y de sus aliados, como Alberto Weretilneck y Lucila Crexell, pero también del santafesino Carlos Reutemann, integrante del interbloque Juntos por el Cambio como representante del bloque Santa Fe Federal.
En contra lo hizo el resto del interbloque de Juntos por el Cambio, en tanto que la riojana María Vega se abstuvo.
El proyecto de ley de solidaridad social y reactivación productiva contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo.
La iniciativa otorga una serie de facultades especiales ("superpoderes") al Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética y sanitaria.
Los principales ejes son la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, suba en los derechos de exportación de granos y oleaginosas (retenciones), y la suspensión de la movilidad jubilatoria.
Se eximen de esta medida a las víctimas de la Ley Brisa, judiciales, docentes, exfuncionarios nacionales y científicos, ya que ambos grupos tienen sistemas que garantizan un determinado ingreso con relación a los activos.
Cuando la medida comenzaba a debatirse ayer en la sesión extraordinaria del Senado, se conoció la decisión del presidente Alberto Fernández de enviar un proyecto para que sea debatido durante las actuales extraordinarias para terminar con las jubilaciones especiales en la Justicia y en el Cuerpo Diplomático.
El oficialismo logró el quórum sin la presencia de la oposición que, sin embargo, no impidió que el Frente de Todos lograra los votos positivos de los dos tercios de los presentes en el recinto que se requieren para debatir la cuestión sobre tablas.
El debate de la iniciativa estuvo interrumpido durante casi dos horas por pedido del interbloque de Juntos por el Cambio, cuyos miembros reclamaban que no habían llegado a leer el texto aprobado por la Cámara Baja.
El presidente del bloque del Frente de Todos, el formoseño José Mayans, aseguró que "en 2001 la deuda superaba el 100 por ciento del Producto Bruto Interno y ahora estamos en el 150 por ciento". Por su parte, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff insistió con que "esta es una ley que esconde un ajuste enorme".