Desaparecido el caso de la agenda mediática y de la memoria colectiva desde hace mucho tiempo, acaba de conocerse el fallo que condena a Romina Picolotti, exsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner entre 2006 y 2008, por fraude a la Administración Pública. Una muestra de la morosidad judicial en casos de corrupción política.
Los 14 años transcurridos desde que las supuestas irregularidades fueron denunciadas por el periodismo, hasta el pronunciamiento de Tribunal Oral Federal Nº6, tras una audiencia mediante la conectividad de Zoom, el lunes último, sorprende por el tiempo que ha durado el proceso, que todavía no está firme, porque la condenada puede apelar el fallo y este paso también llevará su tiempo luego de conocerse los fundamentos el 25 de noviembre próximo.
El planteo de prescripción realizado por Picolotti, radicada desde hace años en Miami, al argumentar la violación de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, fue rechazado por la complejidad de la tramitación del expediente que incluyó la recolección, análisis y selección de gran cantidad de documentación, numerosas pruebas testimoniales y medidas efectuadas a través de exhortos en Buenos Aires y Córdoba, según el justificativo oficial.
Para los magistrados este trabajo devino en "demoras razonables" y por el hecho de los numerosos planteos por parte de la defensa al apelar a las vías recursivas, como también las postergaciones de las audiencias por las actividades de la imputada en el exterior lo cual llevó a más dilaciones, según el tribunal. Además, en este tiempo se realizó la nueva conformación del tribunal, para redondear la razonabilidad del proceso.
Sin embargo la demora del juicio parece más bien otra muestra de la lentitud tribunalicia antes de la complejidad argumentada ya que se comprobó que la exfuncionaria pagó con fondos públicos gastos personales y de su familia, hizo designaciones irregulares y otras anomalías, por lo cual deberá devolver al Estado alrededor de 7 millones de pesos actualizados, no podrá ejercer cargos públicos de por vida y recibirá una condena de tres años si la sentencia queda firme, mientras sigue viviendo en el exterior.
El juicio a Romina Picolotti es un caso testigo para las expectativas públicas sobre denuncias de corrupción política que se denuncian y tramitan: juicios de por décadas, o quedar en el olvido.