El proyecto de ley de extinción de dominio, por el que se pretende recuperar todos aquellos bienes productos de la corrupción y el narcotráfico, entre otros ilícitos, tendrá que esperar al menos hasta el 8 de agosto próximo, para ser tratado en el Senado de la Nación, después de haber estado cajoneado por más de 20 meses.

La demora en el tratamiento del proyecto que ingresó al Congreso a poco de la detención del exfuncionario del gobierno kirchnerista, José López, quien fue sorprendido arrojando bolsones con varios millones de dólares al interior de un convento, en la provincia de Buenos Aires, está motivada por el exhaustivo análisis que los senadores pretenden realizar respecto del contenido del proyecto, para contrarrestar el apresurado tratamiento que tuvo en Diputados, urgidos por la presión mediática que se desató tras descubrirse el caso del exsecretario de Obras Públicas de la Nación.

Senadores ha intentado en varias ocasiones iniciar el debate para poder sancionar la ley correspondiente, pero diferencias entre los bloques ha demorado el proceso. Ahora el objetivo es lograr antes del 8 del corriente, un dictamen consensuado, aunque con modificaciones, entre Cambiemos y la oposición (PJ y el Frente para la Victoria), a fin de votarlo con dos tercios de la Cámara y evitar que Diputados insista con mayoría simple en la versión original, que ha sido calificada de "mamarracho”.

Las diferencias entre los bloques oficialista y opositor que deberán ser limadas antes del miércoles próximo son las siguientes: Cambiemos intenta aplicar la de extinción de dominio dentro de la Justicia civil, mientras que el PJ plantea ese mecanismo pero dentro del proceso penal por el delito que se esté juzgando, según sea el caso, y con sentencia en primera instancia.

Otra diferencia apunta a quién ejecutará esas acciones. Para Cambiemos, lo debe hacer el Ministerio Público Fiscal y para el PJ, el procurador general del Tesoro.

A muchos sectores lo que preocupa es la demora de una ley que ya tendría que estar en ejecución, ante el gran número de casos de corrupción que se están investigando o que ya han dado resultados concretos.

Tras una prórroga de un par de semanas y cuando se ha dicho que el proyecto de extinción de dominio podría comenzar a ser tratado la semana próxima, algunos senadores oficialistas no están muy convencidos de que se cumpla con esa fecha y están promoviendo que se disponga una prórroga que podría ir de una semana a quince días, como para tener más tiempo para alcanzar un consenso que por ahora se muestra esquivo.