La compensación a las distribuidoras de gas por el costo ocasionado de la devaluación sigue levantando revuelo. A las denuncias hechas por el fiscal Guillermo Marijuán y el diputado Rodolfo Tailhade, ahora se sumó la Asociación Ciudadana por la Transparencia y la Anticorrupción (ACITA).
La polémica surgió a partir de un decreto de la Secretaría de Energía, por el cual se estableció un aumento tarifario para resarcir a las empresas ante la variación del tipo de cambio. Frente al descontento social, el Gobierno terminó dando marcha atrás y se hizo cargo de la transferencia de $20.000 millones.
ACITA asegura que dicho desembolso "es ilegal porque el marco normativo no prevé ningún tipo de compensación por la variación del tipo de cambio, que está a cargo de las empresas bajo el propio riesgo empresario".
Según la denuncia, la mayoría de las distribuidoras tendrían contratados seguros de cambio. Es por eso que se acusa a los directivos de Metrogas, Camuzzi Gas Pampeana y Gas del Sur, Naturgy Energy Group, Ecogas, Gasnor, Gasnea y Litoral Gas "por pretender cobrar una compensación a sabiendas de que no les corresponde".