Cuestión de recursos. Aníbal Fernández está procesado por el llamado “Plan Qunita”. Informó a la Justicia que no contaba con suficientes recursos para responder a los embargos.

 

La fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, Gabriela Baigún, denunció al exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, por presunta “insolvencia fraudulenta” en una causa por el denominado Plan Qunita y a raíz de la venta de dos autos de su propiedad pese a la inhibición general de bienes dispuesta en su contra, dijeron ayer fuentes judiciales.

Las fuentes precisaron que, en su denuncia, la titular de la Fiscalía General número 3 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal endilgó al exjefe de Gabinete el presunto delito de “insolvencia fraudulenta” a raíz de esas operaciones, lo que complicaría la situación del exfuncionario en esta causa, en la que está procesado sin prisión preventiva y enviado a juicio oral.

Se trata de dos automóviles -un Toyota valuado en 450 mil pesos y un BMW de 634.500 pesos- que, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, formaban parte del capital del exfuncionario y que habrían sido vendidos “con posterioridad a que se dictara su inhibición general de bienes”.

Si bien al momento de ser dictada la inhibición general, Aníbal Fernández y otros imputados habían asegurado no contar con bienes para afrontar embargos, una investigación de la Fiscalía corroboró que la situación no era la señalada.

De hecho, se pudo determinar que los imputados poseen un total de 60 inmuebles; 21 vehículos, ocho embarcaciones; acciones en trece sociedades comerciales; 14 cajas de ahorro en dólares y 27 cajas de ahorro en pesos, consignaron las fuentes.

En lo que respecta a Fernández, las fuentes señalaron que la denuncia por presunta “insolvencia fraudulenta” se debe a que, en el marco de una inhibición de bienes, “no puede procederse a la venta de ningún bien registrable”.

En el marco de este expediente se investigan sobrepagos en la compra de los elementos que conformaron un kit destinado a madres en situación de riesgo social, y se cuestiona que se le haya otorgado la licitación -por más de 1.000 millones de pesos- a seis empresas sin antecedentes en el rubro. El kit constaba de una cuna, colchón, dos juegos de sábanas. También se proveía a las beneficiarias dos enteritos, bolso materno y un termómetro digital. La denuncia había sido presentada, sobre el final de la gestión de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por la entonces legisladora porteña Graciela Ocaña. Además de Aníbal Fernández, en el marco de esta causa también fue enviado a juicio oral el exministro de Salud Daniel Gollán. Télam