El fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Bernardo Ferrari, presentó ante el juez federal Federico Villena una denuncia contra el procurador bonaerense, el sanjuanino Julio Conte Grand, y contra otros jueces y fiscales bonaerenses por haber iniciado expedientes judiciales con fines políticos o generar causas para perseguir a funcionarios, sindicalistas, magistrados y funcionarios judiciales.
En su escrito de seis páginas, al que tuvo acceso Infobae, Ferrari remarcó al juez Villena que tanto él como otros jueces bonaerenses ya habían presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires nueve denuncias por las sospechas de irregularidades. El magistrado federal de Lomas de Zamora es el mismo que investiga el espionaje ilegal de integrantes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) durante el gobierno de Macri, causa por la que este mismo lunes declaró Pablo Moyano, uno de los supuestamente espiados que denunció el fiscal general de Lomas, quien también apuntó contra Conte Grand.
La denuncia de Ferrari va en igual sentido. El fiscal general de Lomas le pidió en la denuncia a Villena que investigue una presunta red diseñada por Conte Grand y aceitada por el el fiscal general adjunto Sebastián Scalera, también de Lomas, “vinculados por su irregular y abusivo desempeño funcional”.
Según Ferrari, Scalera, el fiscal Pablo Rossi y sus respectivos secretarios, a través de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Lomas de Zamora, “habrían iniciado investigaciones con objetos de inclinarlas a sus intereses políticos y/o generando IPP (causas) con el fin de perseguir a políticos, sindicalistas, Magistrados y Funcionarios” bajo la doctrina de “lawfare”. Y que para esas maniobras habrían participado agentes de inteligencia de manera “cuanto menos irregular”.
Estos hechos ya habían sido denunciados, también, por los jueces de garantías de esa jurisdicción, Luis Carzoglio y Gabriel Vitale, quienes eventualmente tuvieron en sus manos, por ejemplo, la causa que investiga una presunta asociación ilícita entre Hugo y Pablo Moyano y los barras de Independiente para quedarse con dinero del club de Avellaneda. Scalera fue quien pidió la detención del vicepresidente de Independiente, denegada por inconsistente por Carzoglio, en octubre de 2018.
Ferrari advirtió en su denuncia ante Villena que Sebastián Scalera, Pablo Rossi y sus secretarios tenían un desempeño “particular” y le prestó especial atención a la presunta relación con espías. “En la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Lomas de Zamora se recibía a funcionarios de la AFI y de inteligencia, y del Ministerio de Seguridad Nacional”. Debido a eso, según explicó el fiscal general de Lomas, fue que el 26 de febrero pasado, mediante la Resolución 4/20, disolvió esa Unidad en cuestión y decidió volver a repartir las causas “entre los fiscales naturales a los que les hubiera correspondido llevar adelante tales pesquisas”, según Ferrarri, con la idea de “transparentar el trabajo cotidiano”.
Ferrari remarcó que el ex director de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián de Stéfano, fue uno de los agentes a los que el juez Luis Carzoglio acusó de un apriete para detener a Pablo Moyano. “Carzoglio relató públicamente que lo habían ido a ver el jefe de asuntos jurídicos de la AFI Juan Sebastián de Stéfano y el de Finanzas Fernando Di Pasquale. ‘El Presidente está obsesionado con Pablo Moyano’, le dijeron en su oficina. ‘¿Usted que quiere?‘”.
Los titulares de la AFI admitieron ante la Comisión Bicameral del Congreso haber enviado a sus agentes. “Los intermediarios fueron del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora, conforme lo denunciara el juez Carzoglio”, advirtió Ferrari en su denuncia.
Ferrari presentó su denuncia en el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, donde también se investiga el espionaje ilegal contra funcionarios y sindicalistas durante el gobierno de Mauricio Macri (Nicolás Stulberg)
De acuerdo a lo que le informó el fiscal general de Lomas a Villena, De Stéfano y Di Pasquale serían agentes de la AFI “ligados al presidente (sic) de Boca Juniors, y de Fernando ‘El Chino’ Cornes, del área de Inteligencia del Ministerio de Seguridad, vinculado con Gerardo Millman”, quien fue viceministro de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich y además es socio del abogado de Pablo “Bebote” Álvarez, uno de los detenidos y “arrepentidos” que aportaron información para el pedido de detención de Pablo Moyano hecho por Scalera en 2018.