Tras la intervención en la Comisión Médica 26, los peritos que llegaron de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación (SRT) comenzaron a tomar testimonios y a escuchar los descargos de los empleados. Sucede que el personal de la entidad que dictamina sobre incapacidades laborales se encuentra bajo investigación interna que intenta determinar si alguno de ellos incurrió en irregularidades administrativas que podrían dar lugar a un fraude.
La SRT también realizó una denuncia en la Justicia para que se investigue si los abogados de un estudio jurídico actuaron en connivencia con los empleados. Lo que se trata de establecer es si se habría aumentado ilegalmente los porcentajes de incapacidad de trabajadores y si hubo favoritismos hacia ciertos letrados que los asesoraban.