Las críticas a la Iglesia que surgieron con ocasión del último informe del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, a la Cámara de Diputados, cuando una diputada quiso saber cuánto le insumen al Estado las “remuneraciones a los funcionarios eclesiásticos”, suscitaron un debate entre los obispos -los principales destinatarios de esa asignación mensual- sobre la posibilidad de renunciar a ese aporte.
Ocurrió en su reciente plenario en Pilar, durante el que analizaron alternativas de financiamiento, pero sólo como un inicio de un estudio que promete ser largo y arduo hasta que los prelados lleguen eventualmente a un acuerdo y eleven una propuesta al Estado.
De acuerdo con la respuesta del jefe de Gabinete, los obispos diocesanos perciben una asignación mensual de 46.800 pesos, mientras que para los obispos auxiliares y los eméritos, el monto asignado llega a los 40.950 pesos. Además, reciben una pequeña asignación los párrocos de frontera y los seminaristas diocesanos, más ayudas menores. Todo lo cual sumará este año unos 130 millones de pesos.
En el Episcopado dicen que los obispos destinan esa asignación –que no consideran un “sueldo”- al funcionamiento de su obispado, y estiman que el aporte estatal –los $ 130 millones- son alrededor del siete por ciento del presupuesto que le demanda a la Iglesia católica su funcionamiento en el país.
Se pudo saber que entre las alternativas que rondaron el debate de los obispos figuran:
- La creación de un llamado“impuesto al culto” como existe en Alemania, donde el contribuyente destina una suma a su religión.
- El direccionamiento del contribuyente de una parte de los impuestos a su religión (o a la ayuda social), como sucede en España e Italia.
- El fomento de las donaciones mediante el sistema de desgravación vigente combinado con una mayor conciencia de aporte de los fieles.