La mega obra del túnel de Agua Negra, en la ruta que une a Argentina y Chile entre San Juan y La Serena ha vuelto a fojas cero a pesar de haberse completado un proyecto que ha superado todas las factibilidades técnicas y económicas hasta llegar a la precalificación de las empresas interesadas en la construcción, para el llamado a licitación. En los papeles no había nada irreprochable, propio de estudios de alta complejidad que datan de décadas de trabajo de especialistas.

Sin embargo, el embajador argentino en el vecino país, Rafael Bielsa, ha revelado que el gobierno de Sebastián Piñera ha renunciado al 28% del crédito de 1.500 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar los trabajos y sin comunicarlo a la Argentina, que asumió el 72% de ese monto por la proporcionalidad de la traza. Tampoco La Moneda comunicó la decisión al Ente Binacional Túnel de Agua Negra (Ebitan) el organismo ejecutor del proyecto, ni revalorizó la representatividad.

La voz oficial chilena del área que se refirió al tema en una entrevista, es la del subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, afirmando que se trata de una decisión administrativa por los efectos de la pandemia y la necesidad de redirigir el financiamiento externo. Y que la renuncia al BID era conocida por el Gobierno argentino, lo cual es atendible en una emergencia sanitaria. Pero no es así. 

Desde hace tiempo, durante los últimos gobiernos, Chile viene cuestionando todo lo actuado en este pormenorizado estudio geológico, técnico y económico y su proyección estratégica para disponer de un enlace vial operativo todo el año, más confiable que Los Libertadores, por Mendoza, vulnerable ante los grandes temporales en alta montaña. Incluso el embajador chileno en nuestro país, Nicolás Monckeberg Díaz, fue más lejos, al hablar de "reubicación" de la obra, o de buscar "alternativas" por la gran altura de Agua Negra. Precisamente el túnel tiene el doble propósito de cruzar a menor altura y menos riesgos climáticos.

Lo único cierto es que no hay voluntad política para concretar el túnel, tanto en las gestiones de Bachelet como de Piñera, a pesar de los acuerdos firmados, como el Tratado de Integración y Cooperación de Maipú de 2009.

Habría que hilar más fino en los trasfondos como la doctrina de seguridad nacional y de la conformación republicana con el unitarismo de Santiago, junto a los poderosos intereses portuarios de Valparaíso y San Antonio que no ven con buenos ojos la potencial competencia de Coquimbo.