La jueza del Tribunal de Impugnación, Ana Lía Larrea, consideró ayer que fueron insuficientes las pruebas que tuvo en cuenta otro juez para condenar a dos policías, en octubre pasado, como cómplices en un desvío de plata de los servicios adicionales de la Fuerza, realizado por un exoficial que cumplía funciones de tesorero. Y por eso los absolvió por el beneficio de la duda. En su fallo, la magistrada cuestionó que no hubiera una pericia contable o que se le diera valor de certeza al testimonio del expolicía-tesorero, Oscar Vaneti, castigado en un juicio abreviado (igual que su esposa y su exsecretaria, todos echados) por el millonario desvío de plata, ya que al tener la calidad de imputado no estaba obligado a decir verdad, indicaron voceros judiciales.
Los beneficiados por la decisión judicial son los suboficiales Roberto Carlos Gaitán (fue condenado a 2 años y 6 meses en suspenso) y Evangelina Marcela Porras (2 años en suspenso), ambos inhabilitados, además, de manera absoluta para ejercer cargos públicos.
En aquel fallo, hubo una tercera condenada, la oficial María Cecilia Cortez. Recibió 2 años y 6 meses por recibir del extesorero (también eran amantes) un total de $743.711, pero luego de la sentencia no reclamó.
El fallo aún no está firme. Fiscalía puede acudir ante la Corte para que revise la sentencia de la jueza Larrea
Fiscalía y la Parte Querellante (Fiscalía de Estado) pedían que la condena sea confirmada, porque en su opinión se probó que entre junio y diciembre de 2020, Porras recibió de manera ilegal $55.986 en dos transferencias realizadas por Vaneti. Y que Gaitán percibió, al cabo de 10 transferencias, $397.031.
El defensor de Porras, Maximiliano Páez Delgado, y el de Gaitán, Gustavo Sánchez, cuestionaron el fallo y pedían la absolución, pues entendían que sus clientes no tenían el manejo de las cuentas de la Policía y, sobre todo, que tenían cómo justificar su procedencia.
Porras dijo que el propio Vaneti le prestó gran parte del dinero (unos $50.000) porque estaba embarazada y no podía hacer adicionales, que le devolvió ese dinero en cuotas (Vaneti dijo no recordar la devolución) y que el resto, unos $6.000, eran de un bono navideño. La defensa de Gaitán cuestionó que no hubiera una pericia contable realizada por expertos en esa materia y que la prueba fuese una auditoría hecha por los propios policías del área donde se descubrió el desvío de fondos. También precisó que un gran monto cobrado por su cliente, unos $200.000, fue por servicios adicionales atrasados.
En su fallo, la jueza Larrea adhirió al reclamo de los defensores. "Considero que se les está atribuyendo (a Porras y Gaitán) un conocimiento de que lo percibido no les correspondía como trabajado, sin que surja de la prueba incorporada este elemento del tipo penal. También se da por hecho en la sentencia que por conocerse con Vaneti había algún tipo de conexión entre esa transferencia mal hecha a los inculpados y algún tipo de conducta posterior, que tampoco ha quedado acreditada".
Y concluyó: "Con la prueba producida no se ha acreditado
participación alguna de los condenados en el delito de peculado por el que fueron condenados Vanetti y los demás funcionarios públicos (su esposa y su exsecretaria)".
"Estamos satisfechos por el fallo de la señora jueza, es una decisión totalmente ajustada a derecho", dijo el abogado Maximiliano Páez Delgado.
Fiscalía aún puede reclamar ante la Corte de Justicia.