Fiel reflejo de la determinación del papa Francisco de seguir adelante con la política de “tolerancia cero”, el Vaticano arrestó hoy a monseñor Carlo Alberto Capella, un alto prelado del cuerpo diplomático de la Santa Sede, acusado de posesión de imágenes de pornografía infantil.
“Esta mañana, luego de una propuesta del Promotor de Justicia, el juez instructor del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano ha emitido un mandato de captura a cargo de monseñor Carlo Alberto Capella. La medida ha sido ejecutada por la Gendarmería Vaticana”, indicó un comunicado de la Sala de Prensa de la Santa Sede.
“El imputado está detenido en una celda del cuartel del Cuerpo de la Gendarmería, a disposición de la autoridad judicial”, agregó el texto, que detalló que “el arresto llega al final de una investigación del Promotor de Justicia” y que el juez instructor ha ordenado la medida en base al artículo 10, comas 3 y 5 de la ley VIII de 2013. Este tiene que ver con delitos relacionados a posesión de imágenes de pornografía infantil.
Ex consejero de la nunciatura (embajada) en Washington, Estados Unidos , Capella salió del anonimato a mediados de septiembre pasado, cuando el Vaticano informó que había sido convocado de regreso tras ser acusado por este delito por la justicia norteamericana. Fue siempre en septiembre pasado que el Vaticano decidió enseguida abrir una investigación en su contra.
Capella, que trabajaba en Washington y también fue funcionario de la Secretaría de Estado del Vaticano, había sido destinatario de una orden de arresto de parte de las autoridades canadienses por detención y difusión de material pornográfico infantil en el marco de una investigación que había comenzado a raíz de una denuncia del Centro Nacional de Coordinación contra el abuso de niños. Capella habría descargado material e imágenes de pornografía infantil durante una estadía realizada en Canadáentre el 24 y el 27 de diciembre del año pasado.
Según el Código Penal del Vaticano, revisado y promulgado por Francisco en julio de 2013, quien es hallado culpable de delitos de pornografía infantil, relacionados con la posesión de imágenes de pornografía infantil, puede ser condenado a penas de entre 1 y 5 años de prisión y multas de entre 25.000 a 250.000 euros.