Hay un giro en la metodología de negociación de la deuda del país con organismos multilaterales de crédito y acreedores privados. En el ciclo actual, lo más importante en instancia abierta para precisar los términos de la deuda externa pública-privada de la Argentina, pasa por la modificación del concepto bajo el cual el país, va a intentar introducir un nuevo orden de las condiciones y términos referidos a las variables concretas del capital, al nivel de los intereses y a la readecuación de los plazos originarios de ambos componentes del empréstito público y por ende el privado que está atado sin dudas al primero. El modo de la gestión de la deuda pública externa estriba en que hay voluntad de pagar los compromisos asumidos por el país, más allá de los gobiernos que la contrajeron. Esto, en razón del principio de continuidad jurídica en la responsabilidad del estado. Se postula como criterio estratégico de la negociación que la voluntad de pago estará condicionada a una incipiente recuperación de la capacidad de pagar. A esto se debe unir las posibilidades concretas de desembolso que surjan de un desarrollo de la actividad económica argentina, en tanto y en cuanto, esa expansión debe ir generando los excedentes de divisas que sirvan para honrar las obligaciones firmadas por el país.

Veamos algunos de los indicadores que deberán tenerse en cuenta para acordar formas de liquidaciones realistas y razonables: La relación ingresos fiscales contra el PIB, deben incrementarse en un marco de proyección temporales en el corto y mediano plazo para hacer sostenible el gasto público medido contra el PIB. Los índices de empleo deben mejorar, al igual que los índices de pobreza e indigencia. Esto significa, que es preciso que se integren en un lógica de reducción para que sean garantías de respeto a los estándares morales con un progresividad que reporte en el respeto a los derechos humanos. Es decir que el factor estabilidad debe atender tanto a lo financiero – económico y a la vez a lo social, laboral y previsional. La causa de esta relación dialéctica está justificada para que el crecimiento sea inclusivo y no expulsivo de los derechos humanos del conjunto social. Esto es sensato desde lo valorativo moral como de lo material de los derechos socio- económicos, porque otra experiencia de crecimiento sin conexidad virtuosa respecto de los derechos del conjunto social no es sostenible y termina en explosiones y/o implosiones generales que retrogradan la marcha institucional del país. En consecuencia, como son dos los frentes del área económica donde hay que tener puestos los cinco sentidos, esto es, el frente externo y el mercado interno, es preciso arbitrar, ente otras medidas, un sistema impositivo que potencie el consumo doméstico y la actividad de la producción para exportar. Ello, además, debe combinarse con un sistema de impuestos progresivos que recaude más impuestos directos a la riqueza y sitúe por debajo los impuestos indirectos al consumo porque, estos, son injustos socialmente y, a la vez, económicamente regresivos de la evolución de la economía. Todo ello debe afirmarse a su vez en un sistema de crédito que afirme la producción y el consumo nacional, sobre la bicicleta financiera que tantas perdidas de divisas le reporto al país en el pasado reciente.