Alberto Fernández se dispone a anunciar hoy una nueva etapa de flexibilización de la cuarentena con la apertura de más de 1.000 industrias que emplean a más de 200 mil trabajadores en todo el país. Será el primer gran paso para empezar a reactivar la economía hundida por la crisis del coronavirus. Pero, sin duda, el epicentro de las preocupaciones del Presidente estará en el desenlace de la oferta de la reestructuración de la deuda externa cuya oferta de canje vence hoy.
Si no se produce un cambio de última hora y Argentina no logra un acuerdo con los bonistas el país entrará en cesación de pagos (default), un estado de situación al que las principales asociaciones de empresas piden no llegar para no agravar más la crisis de la economía y las finanzas en tiempos de pandemia.
En este contexto, de alta presión, el Gobierno espera con ansias la respuesta de los bonistas extranjeros a la oferta de canje de deuda que implica una quita de pago, que incluye una merma del capital y un 55% menos de pagos de intereses. Y un período de gracia de 3 años.
Y aunque ya hubo varias ratificaciones por parte del Gobierno sobre que el plazo no se estira ni habrá una mejora de la oferta, desde el Ministerio de Economía, que conduce Martín Guzmán, no se descarta extender hasta el 22 de mayo la posibilidad de un acuerdo.
Hasta ahora, tres grandes grupos de tenedores de bonos ya anticiparon que no aceptarán la oferta que hizo Argentina pero se manifestaron a favor de seguir negociando.
En este sentido, el ministro Guzmán dijo que desde el ejecutivo "estamos dispuestos a considerar cualquier combinación de reducción de intereses, reducción de capital, extensión y vencimiento del período de gracia que respete las limitaciones que definen los que es sostenible".
Para la Argentina, una contraoferta es sustentable sólo teniendo en cuenta una caída de 6,5% de la economía y con un rojo fiscal de 3,1% este año. Las cuentas, para Guzmán, recién comenzarían a equilibrarse al cierre del mandato de Alberto Fernández. El pago de la deuda, por el período de gracia y la capacidad de repago del país, quedaría para el próximo gobierno. La herencia vuelve a la mesa de discusión. Es decir, Alberto Fernández no pagaría nada de la deuda que le endilga a Mauricio Macri.
Entre los detalles de la oferta se presentó una estructura de bonos amortizables con tasas de interés escalonadas nunca mayores al 5%, quitas de capital que van entre 12% y 18% para los papeles de más corto plazo según la moneda, un esquema de "opcionalidades" para elegir los nuevos bonos y diluir el poder de los bonistas y vencimientos hasta 2047. La oferta implica una reducción en la carga de intereses de 62% (US$ 37.900 millones), un alivio en el stock de capital (5,4% o sea, US$ 3.600 millones) y un período de gracia por tres años. Eso significa que el Gobierno no pagaría hasta 2023. Ese año, el país empezaría a abonar un cupón promedio -una tasa de interés- de 0,5%. Las tasas crecerían hasta un cupón que rondaría el 2,33%.
Pero la clave de la negociación pasa por la decisión que tomen los grandes fondos de inversión como Blackrock, Templeton, Fidelity, Gramercy o Pimco, y los tres comités que los congregan. El tramo local sólo suma el 10% de la deuda total elegible para la reestructuración.
La posición de Argentina tiene el respaldo del premio Nobel de economía y mentor de Guzmán, Joseph Stiglitz, el papa Francisco y el Fondo Monetario Internacional.
Ayer, el FMI se mostró "esperanzado de que se logre un acuerdo con alta participación y que genere sustentabilidad de la deuda", expresó el vocero del FMI, Gerry Rice.
El vocero aseguró que en el Fondo "estamos listos para ayudar a Argentina, especialmente en estos tiempos difíciles, ya que el gobierno argentino busca responder a los efectos sanitarios y económicos del coronavirus y desarrollar un plan económico que restablezca un crecimiento sostenible e inclusivo a mediano plazo".
> Se amplía la ayuda estatal para el pago de salarios
El Gobierno amplió el alcance del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) a 779 sectores de la economía, y cubrirá a través del Salario Complementario el sueldo de abril de 2 millones de trabajadores. Además, se modificó el criterio de facturación empleado para definir el acceso de una empresa a los beneficios del ATP, con lo cual también se ampliará el universo de compañías y trabajadores alcanzados.
Asimismo, se decidió que las empresas creadas este año accederán en forma directa al Programa, y se habilitó a las firmas con más 800 empleados que cumplan con los requisitos y las condiciones, acogerse a los beneficios del Salario Complementario.
A través de la decisión administrativa 721/2020 publicada ayer en el Boletín Oficial, la Jefatura de Gabinete decidió adoptar las recomendaciones del Comité de Evaluación y Monitoreo del ATP, de extender el alcance de los beneficios del programa.
Como consecuencia de este análisis se incorporaron al Programa 109 actividades, que elevaron de 660 a 779 el total, y así se alcanza a toda la industria y el comercio.
El Comité también entendió razonable elevar la variación del nivel de facturación hasta un 5% positivo en el período comprendido entre el 12 de marzo y 12 de abril de 2020 respecto al mismo período de 2019, equivalente a una contracción real del 30% aproximadamente, teniendo en cuenta el nivel de inflación interanual registrado.
Así se reemplaza el criterio anterior que requería a las firmas mostrar una caída nominal en su facturación. Del mismo modo, recomendó para las empresas que iniciaron sus actividades con posterioridad al 12 de marzo de 2019, tomar como base para el cálculo el período del 12 de noviembre al 12 de diciembre de 2019 para efectuar la comparación y evaluar su evolución.