Los días de Valentín Díaz Gilligan en el gobierno nacional parecen estar contados. En tiempo récord, la Oficina Anticorrupción (OA) corroboró que el subsecretario general de la Presidencia no había informado en los anexos reservados de su declaración jurada la cuenta del escándalo en un banco de Andorra, que fue revelada la semana pasada por el diario El País de España.
Fuentes oficiales confirmaron que el presidente Mauricio Macri evalúa en estos momentos qué sucederá con el funcionario. En principio hay dos alternativas. La primera es la de su desplazamiento, exigida por los socios del PRO en Cambiemos; la segunda es pedirle a Díaz Gilligan que tenga un gesto de grandeza y solicite una licencia.
El viernes, la titular de la OA notificó al segundo de Fernando De Andreis la apertura de un expediente para investigar el caso. Además, le solicitó autorización al Ministerio de Justicia para acceder a los anexos reservados de la declaración jurada. El aval de la oficina que conduce Germán Garavano llegó esta mañana y, según trascendió en Casa Rosada esta tarde, Laura Alonso comprobó la peor de las sospechas: Díaz Gilligan no había declarado el depósito de USD 1,2 millones en Andorra.
A partir de este nuevo dato, en el Ejecutivo se abrieron a la par dos escenarios de análisis. En el político, el presidente Mauricio Macri evalúa junto a su círculo íntimo cuál debe ser la respuesta institucional ante la falla del funcionario. En el jurídico, hay cuatro hipótesis para encuadrar la presunta conducta punible.
Desde el punto de vista técnico, el “error” de Díaz Gilligan podría ser denunciado como omisión maliciosa, falsedad ideológica, evasión fiscal o incluso lavado de dinero. Las primeras dos conductas tipificadas surgen en virtud de que el funcionario no informó los datos del depósito. La evasión y el lavado están relacionados con el sospechoso origen de los fondos hallados en la banca privada de Andorra.
El viernes, el diario El País de España develó que el subsecretario general de la Presidencia intentó ocultar USD 1,2 millones en una cuenta que se abrió en 2012 a nombre de una sociedad británica ligada al fútbol. En distintas entrevistas, Díaz Gilligan aseguró que el dinero era del empresario Francisco “Paco” Casal, a quien ayudó en virtud de los problemas fiscales que enfrentaba.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el propio Macri defendieron durante el fin de semana al funcionario, a quien conocen desde su paso por el Gobierno de la Ciudad. Sin embargo, en las últimas horas se sumaron varias voces críticas desde el propio seno de Cambiemos y el informe al que accedió la OA podría ser determinante.
Infobae