La diputada radical Aída Ayala se presentó ayer ante la jueza federal de Resistencia (Chaco), Zunilda Niremperger, para comunicarle que pidió a sus pares de la Cámara Baja que avancen con el estudio de su desafuero, tras la decisión de la Cámara de Apelaciones de confirmar su procesamiento y pedido de prisión preventiva.
De todos modos, la comisión de Asuntos Constitucionales no va a convocar a debatir el desafuero de Ayala hasta que la Justicia vuelva a girar un nuevo pedido de quitar los fueros a la legisladora, informaron fuentes parlamentarias.
Para aprobar la quita de fueros de un legislador se necesita el voto favorable de los dos tercios de los diputados presentes en la sesión, como lo establece el artículo 70 de la Constitución Nacional. La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el viernes pasado el procesamiento y pedido de prisión preventiva dispuesto por Niremperger contra Ayala, a quien acusa del delito de lavado y de enriquecimiento ilícito.
Ante la decisión judicial, Ayala anunció el viernes que pedirá a "la Cámara de Diputados de la Nación que resuelvan de inmediato la suspensión de los fueros" para ponerse "a disposición de la Justicia". "No me escudaré en los fueros parlamentarios", advirtió la diputada nacional oficialista de Cambiemos.
Por su parte, el fiscal federal de Chaco Patricio Sadani señaló ayer que "si no tuviera fueros, Ayala ya estaría detenida". En declaraciones radiales, admitió que "si bien no vemos que exista un peligro de fuga, nosotros apreciamos que puede obstruir la obtención de pruebas". Por su lado, Ayala dijo a medios locales que esto "es una persecución política y estoy a días de ir presa".
Ayala fue intendenta de Resistencia por tres períodos, durante 12 años, y funcionaria del gabinete de Mauricio Macri (secretaria de Asuntos Municipales de la Nación) hasta que en octubre pasado sorprendió dándole el triunfo a Cambiemos en Chaco, y resultó electa diputada.
Ayala era señalada como una de las principales candidatas de Macri para la gobernación 2019. En 2014 fue denunciada por lavado agravado de activos, evasión, asociación ilícita y administración fraudulenta por irregularidades en la contratación de la empresa Pimp por 500 millones de pesos para la recolección de residuos. Las sospechas comenzaron porque efectuó la contratación un año antes de abandonar su gestión de 11 años. La empresa no posee ninguna experiencia en el rubro, según el diario Perfil, y uno de los socios de Pimp es Alejandro Fischer, exyerno de Ayala.
Fuente: Télam