En la última sesión del periodo ordinario, la Cámara de Diputados aprobó ayer y giró al Senado dos iniciativas claves: el proyecto de reforma de la Ley de Alquileres y la Ley de Góndolas.
La iniciativa sobre normas para inquilinos fue el primer tema que se debatió en la sesión especial de ayer. El proyecto contempla la extensión del contrato de alquiler de dos a tres años, una actualización anual de ese acuerdo basado en un promedio del aumento de salarios e inflación, y un nuevo sistema de garantías.
La iniciativa fue sancionada en general por 192 votos, que fueron aportados por la mayoría de los diputados del interbloque Cambiemos, el Frente para la Victoria, el massismo, Alternativa Federal y la izquierda, mientras que 24 legisladores se abstuvieron, en su mayoría del macrismo.
Otro punto clave del proyecto es que se dispone que el inquilino podrá optar por presentar como garantía un aval bancario, seguro de caución; garantía de fianza; o personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.
Pasadas las 21 horas, la Cámara Baja aprobó y giró al Senado la Ley de Góndolas. El corazón de la iniciativa es que una misma marca no podrá superar el 30% del espacio disponible en la góndola que comparte con productos de similares características. La participación deberá involucrar a no menos de cinco proveedores o grupos empresarios.
Del mismo modo, deberá garantizarse un 25% de la góndola para la exhibición de productos producidos por micro y pequeñas empresas nacionales; y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina o indígena y los sectores de la economía popular. Los productos de menor precio conforme la unidad de medida deberán encontrarse a una altura equidistante entre el primero y último estante. La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría y con un solo voto en contra.
El debate sobre alquileres finalizó cerca de las 17 y tuvo 24 abstenciones y ningún voto en contra. De esta forma, el proyecto se encuentra en condiciones de pasar al Senado, que podrá tratarlo en sesiones extraordinarias si así lo solicita el próximo presidente Alberto Fernández. De no producirse ese llamado, la Cámara Alta estará en condiciones de debatir la ley a partir del primero de marzo.
Varias horas después de que la Cámara de Diputados aprobara su renuncia, que regirá a partir de marzo próximo, Elisa Carrió desembarcó en el recinto de la Cámara de Diputados para hablar sobre la Ley de Góndolas, en un discurso donde embistió contra los supermercados: "Si se tienen que fundir, mejor para el país". Carrió sostuvo que "el problema es la intermediación".
"Alguna vez se va a tener que poner en cada marca cuál es el costo del producto en el campo y cuál es el costo de venta en el supermercado, porque acá se funden los productores y se funde el consumidor y los gobernantes acuerdan con los dueños de los supermercados", planteó Lilita.
Lágrimas de Emilio Monzó
El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, se emocionó ayer hasta las lágrimas cuando fue despedido por los legisladores de todos los bloques políticos, que destacaron su labor y su defensa de la "rosca política", en la última sesión del período ordinario del cuerpo legislativo.
Ponen fecha a una declaración de CFK
El tribunal que juzga por presunta corrupción a la vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, programó para el próximo 2 de diciembre su declaración en el juicio por supuestas irregularidades en la concesión de obra pública durante su mandato como presidenta (2007-2015).
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires prevé esa fecha -cuando sólo quedarán ocho días para que asuma formalmente el cargo de vicepresidenta- para tomar declaración a Fernández.
Sin embargo, que finalmente sea ese día dependerá de la extensión de las declaraciones de otros imputados ya previstas para el 25 de noviembre. El juicio, el primero que enfrenta la expresidenta por las varias causas por presunta corrupción, comenzó el 21 de mayo y Fernández se ha ausentado de varias sesiones con permiso del tribunal, principalmente alegando que le coincidían con sus labores como senadora. En el juicio se investiga el presunto direccionamiento de la adjudicación de obra pública, en Santa Cruz, a favor de empresas de Lázaro Báez, amigo del expresidente Néstor Kirchner.