El Gobierno tomo distancia y la oposición criticó un proyecto que impulsa una senadora kirchnerista para anular las prisiones preventivas en caso de que su publicación en medios de comunicación haya "afectado la percepción pública" sobre el imputado.
Más allá de coincidir con la idea general, el gobierno de Alberto Fernández tomó distancia del proyecto de ley presentado por la senadora kirchnerista Eugenia Catalfamo y acompañado por otras legisladoras.
"No es el momento para ser debatido. Debería serlo en un contexto más amplio, como el que puede dar el debate de una reforma judicial", dijo al diario La Nación el secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias, Fernando "Chino" Navarro.
"Sí es cierto que los hombres públicos y los periodistas a veces (emiten) opiniones que malversan a las personas", agregó.
La opinión de Navarro se suma al silencio de la Casa Rosada sobre el proyecto, que surgió del kirchnerismo duro a pesar de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de voceros en off the record, dejó en claro que no avala la discusión del proyecto en este momento. "Cristina ya se despegó, ¿para qué vamos a decir algo nosotros?. Somos uno", afirmó, entre la razón y la ironía, el ocupante de un importante despacho de la Casa Rosada.
"Ese proyecto no se va a impulsar. Está desde diciembre. Cada senador o senadora presenta sus propios proyectos. Tienen iniciativa propia. Cristina no anda vigilando los proyectos que se presentan", aseguraron ayer al diario Clarín desde el entorno de la expresidenta.
Las autoras del proyecto son las senadoras K María Eugenia Catalfamo, Ana María Ianni, Nancy González, Ana Claudia Almirón y María Pilatti Vergara. Salvo la puntana Catalfamo, las otras cuatro integraban el bloque cristinista antes de la unificación con el Partido Justicialista.
La iniciativa califica a procesos judiciales como "verdaderos linchamientos mediáticos".
Apenas 10 días después de que Alberto Fernández asumiera como Presidente, las senadoras presentaron el proyecto que busca eliminar la prisión preventiva en los casos de corrupción, limitar la actividad de los medios de comunicación y de los colegios profesionales.
La iniciativa califica a los procesos judiciales por casos de corrupción como "verdaderos linchamientos mediáticos", y señala que las publicaciones en los medios "que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado" es un motivo suficiente para anular la prisión preventiva.
El proyecto fue girado a fines de enero a la comisión de Justicia y Asuntos Penales para su discusión. Si hubiera estado vigente una ley como la que ahora se intenta impulsar, figuras como Julio De Vido, Roberto Baratta, Luis D"Elía, Amado Boudou, Milagro Sala y José López no hubieran estado detenidos en forma preventiva. En los tres últimos casos ya hay condenas firmes. Consultados por el sitio Infobae, allegados a la vicepresidenta aseguraron que el texto no fue una iniciativa de Cristina ni cuenta con su apoyo explícito.
Desde la oposición, el jefe de los diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, y la referente del PRO, Patricia Bullrich, cuestionaron ayer la iniciativa. Negri entendió que se trata de "un traje a medida para la impunidad", mientras que Bullrich definió a la propuesta como "un hachazo a la libertad de expresión".