Tal como lo adelantó este medio, Jorge Pascual Recabarren, más conocido como Jorge Darío Bence, el Aparcero Mayor de Cuyo, y los invitados que asistieron a festejar su cumpleaños número 90 a principio de mes fueron beneficiados con una suspensión de juicio a prueba (probation), gracias a que sus abogados llegaron a un acuerdo con las fiscales. Con ese OK, los imputados se comprometieron a realizar tareas comunitarias en el municipio más cercano a su domicilio, mientras que Recabarren tendrá que hacer una actividad cultural para el Hogar de Ancianos, a través de Zoom, debido a su edad. Además, cada uno aceptó desembolsar 7 mil pesos en concepto de reparación simbólica, monto que en conjunto alcanza los 140 mil pesos, los que irán destinados a un merendero o a una entidad que destine la Justicia. De esa manera, 20 acusados evitaron el juicio y una eventual condena, a cambio de cumplir con los requisitos establecidos y pautas de conductas. Por otro lado, cuatro implicados tuvieron situaciones distintas (ver recuadros).
La audiencia se hizo ayer y reflejó un cambio del Ministerio Público con respecto a la llamada Fiesta VIP, proceso en el que se rechazó la suspensión del juicio a prueba. Los argumentos fueron expuestos por las fiscales Claudia Salica y Virginia Branca. Según indicó la primera en la audiencia, "el peligro que se ha creado en este hecho en particular, ha sido mínimo" porque, de acuerdo a la resolución que dictó la provincia el 8 de octubre a través de Salud Pública sobre las medidas sanitarias para combatir el coronavirus, "la actividad gastronómica está habilitada, con el cumplimiento de un protocolo que asegure el distanciamiento, evite el aglomeramiento de las personas y con una regulación de horarios, de lunes a domingo de 19 a 1 de la mañana". En ese marco, y al tener en cuenta que la ilegalidad del hecho se dio por un exceso en el horario (las detenciones se produjeron a las 3.20 de la mañana), la fiscal indicó que "la actividad, en otro horario y quizás con toda la reglamentación que establece el protocolo, por supuesto que estaba habilitada". Además, dijo que "tenemos que tener en cuenta que el motivo de esta reunión, que no justifica de ninguna manera la ilegalidad que hemos advertido, forma parte de nuestra cultura familiar, máxime cuando se trata de un cumpleaños de 90 años de vida de una persona". No obstante, Salica resaltó que los acusados "desoyeron" las medidas provinciales, pero que el festejo se realizó en una fase de distanciamiento social con menos restricciones, "por lo que es innecesario someter a estos imputados a un juicio oral, en la medida en que hagan estricto cumplimento de la probation". Así, indicó que "la política criminal (que promueve el Ministerio Público Fiscal) tiene que ser en línea con el sentido común para que también sea entendible por toda la sociedad".
Además de Recabarren, algunos de sus familiares y personas de su círculo íntimo, el que también obtuvo el régimen de la probation fue el ex coordinador de Producciones Artísticas del Ministerio de Turismo, Lucas Pringles, quien tuvo que renunciar por participar en un evento que infringe la normativa impuesta por la Nación y la provincia.
En el caso de la fiesta VIP de Santa Lucía, se trató de un evento clandestino, con la participación de más de 50 jóvenes de distintos lugares, en una etapa con mayores restricciones sanitarias, luego de que estallaran los picos de casos de coronavirus.
Detalles y pautas de conducta
El juez Carlos Lima homologó el acuerdo entre las fiscales y las defensas. Las tareas comunitarias que harán los imputados serán por seis meses hasta cumplir las 50 horas, quienes, además, no deberán volver a cometer nuevos hechos delictivos y abstenerse de usar estupefacientes o consumir bebidas alcohólicas en exceso.
Los otros cuatro imputados
Tres de ellos no asistieron, por lo que la audiencia contra ellos se reprogramará. En cuanto al cuarto, se trata de Marcelo Raúl Antuña, quien directamente irá a juicio, dado que cuenta con antecedentes y la probation no aplica en esos casos. Está acusado de violar medidas adoptadas por las autoridades para impedir la propagación de una epidemia.