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Víctor "Chato" Camargo (56) y su lugarteniente Cristian Sánchez (37) fueron entrevistados por videollamada desde prisiones de máxima seguridad de Buenos Aires y por esa vía acordaron con el fiscal federal, Francisco Maldonado, cumplir las penas más altas: 11 años Camargo, 8 años Sánchez. Ambos están señalados como los cabecillas del caso de drogas más grande que hubo hasta ahora en San Juan por el número de imputados, al menos 34, y por la cantidad de droga incautada: 103,464 kg de marihuana, 2,220 kg de cocaína, 711 gramos de anfetaminas.
Y salvo uno de los acusados que no llegó a un acuerdo de juicio abreviado porque prefiere un debate común para "demostrar su inocencia", los demás admitieron su vinculación al narcotráfico y acordaron castigos de entre 2 y 11 años. La mayoría aceptó, porque fueron favorecidos por un cambio de calificación que les permitió una rebaja en la escala de sus condenas. Como el político Gamal "Gorin" Uzair a quien se señalaba como parte activa en el comercio de drogas junto a Camargo y ahora quedó a un paso de salir en libertad, pues acordó 3 años de prisión, dijeron fuentes judiciales. Camargo y Sánchez están en Buenos Aires, porque cuando cayeron, entre julio y agosto de 2017, siguieron dirigiendo su negocio narco desde la cárcel de Chimbas y por eso decidieron trasladarlos.
Fotos, videos, escuchas y el secuestro de drogas y otras evidencias, fueron pruebas claves para complicar a los numerosos integrantes de esa red que incluía a amas de casas, remiseros, enfermeros, comerciantes, albañiles, un instrumentador quirúrgico y hasta un diseñador de ambientes.
Otro de los que puede recibir una de las penas más elevadas (7 años de cárcel) es Juan "Rengo" Camargo, hermano de Víctor, con quien comparte un frondoso historial delictivo, principalmente en el rubro drogas.
Según la acusación, la megabanda operó entre mayo de 2016 y julio de 2018. El paso que sigue ahora es que los imputados ratifiquen el acuerdo ante los jueces Eliana Rattá, Hugo Echegaray y Daniel Doffo (Tribunal Oral Federal). Si los magistrados aceptan la propuesta, no podrán aplicar un castigo mayor.