La propuesta de la ley de eutanasia, presentada por el Partido Socialista, fue aprobada este jueves en el Congreso de España, que se encamina a convertirse en el sexto país del mundo en dar luz verde a este derecho.
Según indica el texto, que obtuvo 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones, pueden acogerse los pacientes con alguna dolencia irreversible, siempre que hayan manifestado su intención en cinco etapas del proceso y tenga el aval médico. Además, deben ser mayores de edad y haber residido en España por lo menos en los últimos 12 meses.
El proyecto de ley socialista había sido criticado en las etapas previas tanto por el Partido Popular como por Vox, que proponían como alternativa una ley basada en los cuidados paliativos, pero los socialistas consideraron que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
“Saben que no aportan nada nuevo”, puesto que los cuidados paliativos ya se hacen en España, sostuvo la ex ministra de Sanidad María Luisa Carcedo, que ejerció como portavoz socialista, y afirmó que las propuestas de PP y Vox sólo buscan “confundir el debate”. Esta nueva ley, “solo pretende regular un nuevo derecho para quien quiera ejercerlo” y “no obliga a nadie” señaló Carcedo el pasado mes de febrero, cuando se inició el trámite parlamentario.
Ahora, solo resta la aprobación en el Senado, donde se espera que el trámite se realice sin inconvenientes.
La eutanasia ya sido aprobada en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda.
La regulación de la eutanasia cuenta con un amplio consenso social en España (en torno al 80% según las encuestas) y se ha puesto de manifiesto en el apoyo a distintos casos individuales que reclamaban este derecho.
“Es una demanda transversal de la sociedad”, destacó el actual ministro de Sanidad, Salvador Illa. De todas formas, el camino no fue fácil. El Congreso había rechazado en los últimos años en cuatro ocasiones anteriores tratar la cuestión.
Pese a la penalización de la eutanasia, en España ya existía una ley de muerte digna que establece las condiciones a las que puede acogerse una persona en situación terminal, incidiendo en el derecho de los pacientes a recibir cuidados paliativos integrales.