El presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan, Carlos Landa, informó ayer que la entidad se sumó a la reacción en cadena de consejos del país, y realizó una presentación cautelar ante la justicia federal solicitando la suspensión de la Resolución General 4838 que sacó la AFIP, hasta tanto se resuelva el Reclamo Administrativo presentado ante ese organismo. Esa resolución levantó polvareda en todo el país porque obliga a los contadores a violar el secreto profesional de sus clientes e informar a la AFIP sobre todo su accionar. ""Estamos a la espera la medida cautelar solicitada en el fuero federal. Entendemos al igual que el resto de los consejos del país que la Resolución General 4838/2020 de la AFIP afecta seriamente derechos constitucionales en el ejercicio de la profesión, avanzando sobre el secreto profesional, por lo que es necesario y legítimo ir en defensa de nuestros colegas", explicó Landa.
Los contadores esperan una medida cautelar de la justicia
Medidas similares se tomaron en los otros 23 Consejos que conforman la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). El pasado 14 de diciembre todas esas entidades tuvieron una reacción en cadena y solicitaron mediante un reclamo administrativo a la AFIP la derogación de la norma denominada "Régimen de Información de Planificaciones Fiscales (nacionales e internacionales)". El presidente del consejo, Carlos Landa, aseguró que por tratarse de un hecho que atenta contra los intereses de los matriculados, e incluso pone en riesgo el ejercicio ético de la profesión, ""resultaba necesaria una expresión contundente de nuestro consejo en sintonía con los del resto del país". El profesional explicó que en representación y defensa de los profesionales de Ciencias Económicas, desde los Consejos y desde la FACPCE, se han venido realizado múltiples gestiones ante la AFIP en relación con esta normativa, y al no tener éxito, se recurrió primero a la interposición de un reclamo administrativo para solicitar la suspensión de su aplicación y su derogación por los vicios que presenta, y ahora, directamente se acudió a la justicia solicitando una cautelar. Desde el Consejo se informó que resulta "inadmisible a la ética profesional" que la AFIP pretenda colocar al profesional que asesora en temas de derecho tributario como sujeto obligado a develar información obtenida con motivo de su vínculo profesional. ""Este acto administrativo de carácter general conduce a traicionar la confianza en el profesional", explicaron. Agregaron que la obtención de pruebas de evasiones o infracciones impositivas, objetivo último de los regímenes de información fiscales, debería ser alcanzada mediante el accionar previsto en las normas de procedimiento tributario, ""respetuosas de los principios constitucionales", indicaron.