Tres meses de tareas comunitarias en una entidad civil sin fines de lucro para chicos con discapacidad (ASANA) y 10 latas de una leche especial (Nutrilón) para Casa Cuna, como forma simbólica de reparación del daño causado. Esos ofrecimientos concretó ayer un contador público nacional para pedir la probation (suspensión del juicio a prueba) y no ser enjuiciado ni condenado por una maniobra que muchos en Tribunales, hasta hoy, equiparan a la travesura de un niño: haber dicho por teléfono, sobre el mediodía del 24 de julio de 2019, que el Centro Cívico y el edificio contiguo, la Legislatura provincial, estaban amenazados por bombas.
Como la fiscal de Cámara Penal, Marcela Torres, no se opuso a esa propuesta del contador Ernesto de León de Maussion (43) y su abogado Fernando Bustos Laspina, lo más probable es que ahora el juez de la Sala I de la Cámara Penal, Víctor Hugo Muñoz Carpino, cierre el sonado y polémico caso con esa salida.
Eso sí, ayer el magistrado pidió informes detallados de la propuesta y le aclaró al profesional que, si no cumple con lo prometido, el beneficio puede ser revocado y deberá ir a juicio. La consecuencia más provechosa de la probation para un imputado es que, si cumple, se extingue la persecución penal en su contra y en su planilla prontuarial no le figurará ningún antecedente.
Todo pasó exactamente a las 12,43 de aquel 24 de julio. Entonces, un operador del 911 (CISEM) escuchó la voz de un hombre alertándolo: "Le aviso una sola vez, vayan a la Cámara de Diputados y también al Centro Cívico, amenaza de bomba".
En el acto, se activó el protocolo para constatar esa versión, con el consecuente problema de tener que sacar a la calle a miles de personas.
El juez le aclaró al imputado que si no cumple con lo que promete, puede ser enjuiciado y condenado
La investigación encarada luego permitió establecer que la llamada había sido realizada desde un teléfono Samsung.Galaxy S8 cuyo titular era el contador. Que el contacto de 19 segundos con el 911 había sido realizado desde un número de la empresa Personal y que luego su titular siguió utilizando su línea habitual, seguramente convencido de que saldría impune.
Pero eso no fue así y el 25 de septiembre fue detenido (luego excarcelado), después procesado y acusado de cometer el delito de "intimidación pública", para el cual se contemplan penas de entre 2 y 6 años de cárcel.
El contador y su abogado dejaron a criterio del juez la decisión del tiempo de suspensión del juicio y el plazo a cumplir con reglas de conducta. También aclararon que está dispuesto a trabajar "aun de madrugada" y que seguirá con los tratamientos psiquiátrico y psicológico que ahora realiza.
Al momento en que ocurrieron los hechos, el contador trabajaba en el Foro de Abogados. Y a pesar de las versiones, nunca se supo, al menos formalmente, por qué realizó aquella llamada que lo metió en problemas.