El entendimiento del Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar en un acuerdo de facilidades extendidas destinado a reestructurar la deuda de más de 40 millones de dólares del fallido programa stand by de 2018 es complejo. Las metas a cumplir, de acuerdo a los anticipos del ministro Martín Guzmán, serán un reto para los próximos tres años, según la letra chica de la negociación que se conocerá cuando se suscriba la Carta de Intención.

Antes de conocer los detalles, es evidente que el entendimiento no se logró sobre un ajuste insostenible sino mediante soluciones fiscales para recuperar la estabilidad, la confiabilidad y la imagen del país en el escenario internacional, de manera que las empresas puedan seguir accediendo al crédito externo, fundamental para potenciar el comercio exterior.

Tras el anuncio presidencial la reacción de los mercados en general fue positiva y se reflejó en la baja del dólar, en la suba de los bonos y acciones, junto al sensible riesgo país, entre otros indicadores de la mala reputación de nuestra economía. Se ha evitado una fuerte devaluación, ajustes laborales y jubilatorios, o en aumentar la tasa de interés, para cambiar la estrategia por mecanismos regulatorios en la macroeconomía, apuntando al crecimiento del país, que es positivo, y mantener un aumento del gasto en términos reales.

También hay un cambio de actitud del FMI, tal vez un mea culpa, porque no es habitual que haya un pre-anuncio oficial y por ello se valora cómo esta posición de la junta directiva que representas a 190 países, aun considerando los ataques de la izquierda radicalizada a EEUU, el principal aportante financiero y con poder de veto, lo que es muy importante a pesar de la desacertada diplomacia argentina apoyando a las dictaduras de la región.

En este contexto lo más incierto y preocupante se encuentra en las diferencias internas del oficialismo, entre la racionalidad de resolver el problema con el FMI y los aferrados al populismo que querían el default para continuar con la emisión monetaria descontrolada y saqueando a las reservas, aferrados a las metas electorales demagógicas.

El silencio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del ministro del Interior Eduardo De Pedro, más la renuncia del presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, son muy significativos y evidencian una ruptura tras el uso de la lapicera de Alberto Fernández para asumir los costos internos que un sector del gobierno no parece admitir.