Una mujer, que dice ser la representante de una empresa, invocó el nombre del director del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Marcelo Yornet, para vender las adjudicaciones de futuras casas. La movida no sólo quedó en un ofrecimiento, dado que hubo al menos 10 personas que pusieron plata. Así, la presunta intermediaria trató de presionar al funcionario para que le entregara un cupo de hogares. Sin embargo, el titular del organismo habitacional la denunció en la Justicia, en cuya presentación negó rotundamente que existiese la posibilidad de llegar a tal acuerdo, según lo que ha trascendido a través de fuentes calificadas.
El caso ya se encuentra bajo investigación por parte del juez Guillermo Adárvez, del Tercero de Instrucción, luego de que el fiscal Carlos Rodríguez pidiera la apertura de la causa.
De acuerdo a las fuentes, Yornet radicó la denuncia a fines de septiembre y puso en la mira a María Viviana Rojas, quien se identificó ante el funcionario como representante de la empresa Uriel SRL. Según la presentación, la mujer presionó para que se firmara un convenio para la adjudicación de inmuebles del IPV a su favor o de la compañía. Es que, en base a los elementos aportados en sede judicial, hubo personas que entregaron plata cambio de la adjudicación de un hogar. Por el Juzgado ya han pasado 10 testigos, los que han manifestado que han pagado sumas de dinero a la empresa y a Rojas. Una de ellas llegó a transferir 450 mil pesos, según indicaron las fuentes.
Tras la presión de la mujer, Yornet acudió a la Justicia y metió la denuncia porque rechazó de plano que pudiese darse un acuerdo con un particular o una compañía por fuera de los mecanismos que establece el IPV, señalaron.
Tras el planteo, trascendió que el fiscal Rodríguez pidió que se abriera la investigación por estafa contra Rojas como presunta autora. El delito consiste en defraudar "a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño", el cual tiene penas que van un mes a seis años de prisión. El representante del Ministerio Público le solicitó al juez que tome testimonios y que cite a Rojas en los términos que considere necesario. Es decir, luego de que se recabe suficiente prueba, que la llame a prestar declaración indagatoria o informativa.
El director del IPV ratificó su denuncia y Adárvez ya recibió el testimonio de 10 personas. Todos coincidieron en que le dieron plata a la mujer a favor de la firma Uriel SRL.
El caso trae a la memoria el llamado megafraude con casas del IPV, el cual se denunció masivamente entre el 19 y el 20 de abril de 2010 (Ver recuadro).
La causa por estafa se está tramitando bajo las pautas del viejo Código Procesal Penal de la provincia, dentro del sistema mixto (inquisitivo acusatorio), en el que la investigación y la definición de si se procesa o no a un o una imputada está en manos del juez, mientras que el fiscal acompaña con el pedido de medidas y pruebas. La estafa contra particulares (en este caso, sería de Rojas a quienes entregaron plata, según la denuncia) fue uno de los delitos que no pasó, por ahora, al nuevo sistema acusatorio. En este esquema, son los fiscales los que llevan la investigación y los jueces actúan como control de las garantías constitucionales.
Denuncia
Marcelo Yornet radicó la denuncia en la Fiscalía de Instrucción a cargo de Carlos Rodríguez. Expuso que una mujer lo presionó para concederle casas a una empresa que había vendido y cobrado viviendas a particulares.
Investigación
El fiscal pidió la apertura de la investigación por el delito de estafa. El juez Guillermo Adárvez, del Tercero de Instrucción, ya tomó 10 testimonios y debe decidir si indaga o no a María Viviana Rojas, la presunta autora.
Antecedente y su resolución
El megafraude con la promesa de una casa del IPV se denunció masivamente entre el 19 y el 20 de abril de 2010. Fueron al menos 154 familias que indicaron que perdieron millones de pesos y bienes. Entonces salió a la luz que Carlos Albornoz era la cabeza visible del "Movimiento Agropecuario Provincial", un organismo sin personería jurídica que decía depender de un ente nacional. Las víctimas indicaron que el propio Albornoz les dijo que había hablado con el entonces gobernador José Luis Gioja y éste le recomendó canalizar su reclamo de vivienda en el IPV. Es más, muchos denunciantes dijeron haber sido atendidos directamente en el Centro Cívico.
Al cabo de más de un año de pagar y no ver cumplida su promesa, denunciaron y todos los implicados terminaron presos y procesados, aunque luego quedaron libres porque la estafa es excarcelable.
Además de Albornoz, los otros imputados fueron Alejandra Dragui, Pedro Roldán, Marcos Barragán y su madre Miriam Quiroga. Luego de ocho años de tramitación de la causa, todos los acusados accedieron al régimen de probation, en el que realizaron tareas comunitarias, ofrecieron una suma simbólica de dinero y cumplieron pautas de conductas. Así, quedaron desvinculados.