A menudo importantes desajustes dentro de las sociedades tienen que ver con el no compartir conceptos esenciales. Pareciera que diferentes sectores de la población utilizaran dispares diccionarios para principios clave. Se presenta tal dicotomía con la idea de democracia. Porque hay quienes están convencidos de que democracia es satisfacer todo lo que un ciudadano, o grupo de ellos, pretenda. Esto, en el mejor de los casos, sería un "abuso de la estadística", como sugería Jorge Luis Borges. La democracia es un sistema, que si bien se nutre de la soberanía popular, es básicamente representativo. Sin embargo, para que los representantes de la ciudadanía puedan actuar en su nombre, deben existir instituciones desde las cuales desempeñarse. Y esos son los ámbitos donde las democracias resuelven sus asuntos. Por ejemplo, las leyes se hacen en legislaturas, los poderes ejecutivos toman decisiones que les son específicas, la justicia se imparte en diversos estamentos del Poder Judicial.
Todas las instituciones argentinas, desempeñadas por quienes la Constitución Nacional determina, constituyen el andamiaje democrático, propio del sistema político que hemos elegido. Tal vez resulte necesario precisar esto, porque no pocas personas piensan que el sólo votar, o el cortar la circulación de una calle u ocupar forzosamente algún lugar público o privado, constituye un ejercicio legítimo de la democracia.
En el primer plano de la consideración en estos días, se encuentra el juicio que se está llevando contra la expresidente Cristina Fernández y varios de sus entonces funcionarios, vinculado a la obra pública. Más allá de las particularidades de esta histórica situación, encontramos lo que podría interpretarse como una extrapolación del desenvolvimiento de la justicia a las calles. Esta situación no resultaría ser muy consecuente con la noción de democracia que subyace en nuestra Constitución. Ciudadanos manifestándose en estado de crispación en las calles, con la policía separando dificultosamente rivalidades, no resulta positivo para absolutamente nadie, ni siquiera para los acusados en la causa. La justicia no emite sus fallos en estos ámbitos, por más que se insinúen "puebladas", u otra clase de espectros de caos. En esto hay que tener en cuenta el principio "de inocencia y libertad ambulatoria en el proceso penal actual" que constituye la máxima garantía constitucional que permite a toda persona conservar el estado de "no autor del delito" en tanto no se expida una resolución judicial firme. De la misma manera es innecesario hablar en este momento de indulto presidencial cuando todavía no hay una sentencia firme que condene a la acusada. El peligro es que todo esto conduce a una dialéctica de la violencia que puede llegar a tomar vuelo autónomo.
El poder convivir en disidencia es uno de los logros de la civilización. Por el contrario, ecos de amenazas, dilatación de gesticulaciones, expresiones y movimientos intranquilizantes, no logran sino disgregar el tejido social, por su velada insinuación de ser preludios de diversas incontinencias.