Fue impactante la noticia de la semana pasada, que provino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIADE), reunida en Montevideo. Allí, la Argentina, por medio de Natalia D’Alessandro, titular de la Unidad Especial de Investigación AMIA, reconoció la responsabilidad internacional de Argentina, por la impunidad en la causa y admitió encubrimientos. La verdad sobre el atentado me resultó entonces estar más lejos que nunca. La admisión por parte del estado argentino, de su incapacidad, mezclada con ruines procedimientos, para investigar, me causó perplejidad, estupor y hasta vergüenza, de tener un estado, o más precisamente sus gobernantes, que se declaran internacionalmente inútiles y corruptos.
Memoria Activa
Fue tras el reclamo de Memoria Activa, organización que agrupa a familiares muertos en aquel atentado de 1994. Admitió el Ministerio de Justicia, que el Estado violó derechos, encubrió, sometió la justicia a los servicios de inteligencia y protegió acusados. Ahora debemos pagar los argentinos, pues el Estado deberá indemnizar por encubrimiento, porque los jueces, fiscales, fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia y las autoridades del Poder Ejecutivo decidieron acusar a inocentes y proteger a sospechosos cercanos al poder. Pregunto ¿a los responsables de esos desatinos, confesos, no les caben sanción? Dicho esto sin dejar de reconocer la justicia del reclamo de Memoria Activa.
Agregó la información, que ante los jueces de la Corte y los familiares de Memoria Activa, los cuatro funcionarios del Ministerio de Justicia pidieron perdón y admitieron que el Estado fue corrupto, que no tomó las medidas de protección adecuada contra la AMIA, que no protegió a las víctimas frente a un riesgo específico que corrían y que la ex SIDE no hizo nada respecto a la información que recibió sobre Mohsen Rabbani, imputado luego en la causa AMIA. También reconocieron que el patrullero que vigilaba la AMIA no funcionaba y tampoco la radio.
Es obvio que desde el Ministerio de Justicia, se achaca al gobierno de Menem, soslayando la evidente improductividad investigativa de todos los gobiernos posteriores, incluido el actual.
"El Estado responsable en el caso AMIA"
Dijo D’Alesandro que el Estado es responsable porque las autoridades no buscaron descubrir la verdad, sino resguardar a personas cercanas al poder de entonces, en 1994. Es obvio que desde el Ministerio de Justicia, se achaca al gobierno de Menem, soslayando la evidente improductividad investigativa de todos los gobiernos posteriores, incluido el actual.
A través de sus abogados, representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que condene al Estado argentino, que admitió como válidas todas las injusticias que la agrupación Memoria Activa denunció. "El Estado es responsable por todas las manifestaciones de impunidad en el caso AMIA", reconoció D’Alessandro.
Denuncia de Nisman
Leído esto, y ligado estrechamente, vuelve a resultar controvertido que se siga sosteniendo que el fiscal Alberto Nisman se suicidó, cuando en su denuncia contra Cristina Kirchner no hizo otra cosa que sostener, casi con los mismos argumentos, que el estado, a través del polémico pacto con Irán, había consumado no otra cosa que un encubrimiento. Esto torna en falsa la afirmación de que se mató por miedo al ridículo. Como se recordará, en 2013 la entonces presidenta firmó ese pacto que, a criterio del ex fiscal Nisman, significó el encubrimiento de cinco iraníes acusados como autores intelectuales del atentado a la AMIA.
La Dra. D’Alessandro se cuidó muy bien de dejar expresamente establecido que ese reconocimiento auto incriminatorio, ya había sido efectuado previamente, en 2005. En efecto, el entonces presidente Nestor Kirchner sostuvo en Washington, en la audiencia convocada por la CIDH, "que se reconoce la responsabilidad del Estado Nacional, en relación con el atentado perpetrado el 18 de julio de 1994, contra la función de prevención, habida cuenta del previo atentado terrorista contra la embajada de Israel, y encubrimiento grave y deliberado de la función de investigación adecuada del ilícito".
- El presidente que incriminó al Estado
Debe haber pocos antecedentes en el mundo, en que un Presidente incrimine al Estado que representa. Entonces se la interpretó como una jugada política de Kirchner, por entonces entusiasmado por convertirse en titán de los derechos humanos. Sobreactuó, como lo hizo en la ESMA cuando ordenó bajar el cuadro de Jorge Rafael Videla, que fue, a juicio del fiscal Strassera, lo único que hizo en favor de los derechos humanos. Luego Néstor Kirchner, que había aceptado como válidas las acusaciones de Nisman, se convirtió en su vocero llevándolas a las Naciones Unidas en septiembre de 2007.
El caso, en mi opinión, merece que se organice una comisión equivalente a la Conadep, para que ciudadanos irreprochables tomen por su cuenta la investigación, determinen culpables y se los someta a un juicio con todas las garantías. Haría falta un presidente con las agallas de Raúl Alfonsín, quien a su tiempo jugó fuerte y tomó la idea de juzgar a los militares bajo esas recomendaciones, con los resultados históricos conocidos.
Por Orlando Navarro
Periodista