En un contexto de fuerte puja electoral que atraviesa -sin red- al Congreso, el Gobierno sumó ayer un nuevo fracaso en su agenda legislativa ya que no pudo abrir el debate del proyecto de blanqueo laboral por el faltazo de los jefes de la CGT. Ante esto, el ministro de la Producción, Dante Sica, invitado para explicar el proyecto que apunta a legalizar el empleo en negro, resolvió suspender su presentación.
El encuentro, según fuentes parlamentarias, pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes a las 10,30. Aunque nadie garantiza que los referentes de la central cumplan con su participación en el debate para avanzar con la iniciativa.
El ministro Sica llegó puntual al edificio del Senado y se quedó en las oficinas que el interbloque de Cambiemos tiene en el segundo piso del Palacio del Congreso.
Cuando los legisladores oficialistas supieron por boca del presidente de la Comisión de Trabajo, el peronista Daniel Lovera, que la CGT no iba a participar de la audiencia, decidieron que Sica tampoco hable.
"Veníamos con la idea de sacar dictamen. Lamento que la CGT, que estaba invitada e iba a venir, esté ausente", anticipó el radical mendocino Julio Cobos, apenas iniciado el encuentro.
A esa altura, el dirigente gremial de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, ya había dejado el Congreso luego de darle, minutos antes, su respaldo explícito al proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud, durante una reunión de la Comisión de Salud del Senado.
Allí, Lingeri alentó el debate del proyecto que pretende establecer las prácticas, las prestaciones y los medicamentos contemplados en el PMO (Programa Médico Obligatorio), lo que evitaría la sangría de recursos de las obras sociales sindicales.
Luego de levantada la reunión plenaria sobre blanqueo laboral, Cobos reconoció que "el ministro vino pero no se lo quiso exponer" y remarcó que tanto la presencia de los representantes de la CGT como de Sica "se había acordado" y sentenció: "Nadie se puede hacer el distraído. Esta no era una reunión improvisada".
Según fuentes parlamentarias y sindicales, la CGT decidió no aparecer por el Senado porque el Gobierno aún no transfirió los 13.000 millones de pesos de fondos para las obras sociales sindicales que habían sido cedidos a través del Decreto 251/19, publicado ayer en el Boletín Oficial.
Uno de cada 3 trabajadores no cuenta con cobertura de Seguridad Social ni de salud.
Minutos antes de que comenzara el plenario de Comisiones, al que estaban invitados también los integrantes de Presupuesto y Hacienda, Lovera, jefe del Sindicato de Empleados de Comercio de La Pampa, ya había blanqueado la futura conducta de la CGT en declaraciones a la prensa.
"Esta ley tiene muchas cosas solamente a favor de las empresas. Debemos debatir cómo les damos a esos trabajadores la dignidad para que entren al mercado laboral. Estamos abriendo una puerta para que esa sea la política general para todos los trabajadores en el futuro", expresó.
"Están poniendo excusas absurdas", afirmó, más tarde, el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff. Visiblemente alterado por la situación, el jefe del bloque de senadores peronistas, Miguel Angel Pichetto, aclaró, durante la reunión de Comisión, que existía un "compromiso de empezar a debatir el tema" y rescató "la voluntad del ministro Sica de venir", aunque el funcionario ya se había ido del Senado ante la ausencia de la CGT.
Las claves del proyecto bajo la lupa
Entre los 21 artículos que propone el proyecto de blanqueo laboral titulado "regularización del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social y registración laboral" fija un plazo de plazo de 365 días corridos desde la entrada en vigencia de la norma, para los empleadores registren la relación laboral con sus trabajadores en negro.
"Los empleadores que regularicen relaciones laborales en los términos del presente régimen gozarán de una condonación del cien por ciento 100% de la deuda por capital, intereses, multas y punitorios", garantiza el proyecto que impulsa el Gobierno.
A su vez, los empleados podrán "computar hasta 60 meses de servicios con aportes o la menor cantidad de meses por la que se los regularice".
"Dichos meses serán calculados sobre un monto mensual equivalente al promedio del salario básico inicial del Convenio Colectivo de Trabajo aplicable a la relación laboral, a fin de cumplir con los años de servicios requeridos por la ley", añade la norma propuesta.
En cuanto a las sanciones previstas para el empleador que transcurrido el plazo de exención no haya registrado a sus trabajadores, se fija la obligación del pago de "una indemnización equivalente al 25% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al momento del reconocimiento de la falta de registro, por cada período mensual no registrado o el que proporcionalmente corresponda".
El proyecto de Roberto Basualdo, es parecido al que el Poder Ejecutivo había presentado en abril del año pasado, cuando la reforma laboral llegó al Congreso dividida en tres partes, pero no prosperó por la resistencia de la oposición y de los gremios.
Desde la UIA consideran que puede haber reclamos de trabajadores sobre "registración deficiente" cuestionables que obligarán a las empresas a pagar el doble de indemnización por ejemplo en un despido sin causa". El proyecto, además de buscar blanquear el empleo no registrado, impulsar la creación de nuevos puestos. Está previsto que sea debatido en la comisión de Trabajo y Previsión Social y en Presupuesto y Hacienda.