En medio de un clima tenso, acusaciones cruzadas y chicanas entre los legisladores del oficialismo y la oposición, la Cámara de Diputados abrió el debate en comisión del pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema. Durante la extensa sesión, la Comisión de Juicio Político repasó los 14 proyectos que solicitan el desplazamiento de los cuatro magistrados por distintas causales, entre ellas haber dictado el fallo para aplicar el principio del 2×1 a represores condenados o haber resuelto en beneficio de la Ciudad de Buenos Aires la polémica por los fondos coparticipables que le quitó Alberto Fernández en 2020.
En las casi cuatro horas que duró la reunión se sucedieron los planteos contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por parte de los diputados del oficialismo, con argumentos en sintonía con el presidente Alberto Fernández y gobernadores, pero al mismo tiempo hubo reproches cruzados entre los diputados del FdT y los miembros del interbloque de Juntos por el Cambio, lo que anticipa una dura batalla a lo largo de este procedimiento legislativo.
Para abrir las sesiones de la comisión, que preside la diputada Carolina Gaillard (FdT-Entre Ríos), el FdT logró el quórum con la presencia de sus 16 legisladores, ya que la principal bancada opositora intentó infructuosamente trabar la actividad parlamentaria, en rechazo al enjuiciamiento a los miembros del alto tribunal.
Al iniciar la reunión, que se extendió entre las 11 y las 14.50, Gaillard adelantó que el próximo jueves 2 de febrero la comisión recibirá a los firmantes de los 14 proyectos de juicio político presentados contra Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti.
Una semana más tarde, el jueves 9 de febrero, se analizará el informe de admisibilidad para determinar si corresponde comenzar el período de prueba, amplió Gaillard.
En sus discursos, los representantes del oficialismo acusaron a los cuatro miembros del tribunal de "mal desempeño" de sus funciones, sobre todo por los fallos dictados en relación al número de integrantes del Consejo de la Magistratura -reiteraron que la Corte asumió una función del Poder Legislativo-; también por el fallo del "2×1" y por denuncias de irregularidades en la administración de la obra social del Poder Judicial, entre otras causales.
Otras exposiciones los responsabilizaron por no ejercer el rol de superintendencia sobre el Poder Judicial al observar sin hacer nada el dictado de "fallos vergonzosos" o constatarse irregularidades y desvíos en la conducta de algunos jueces: este fue uno de los planteos del diputado ultra K de origen radical, Leopoldo Moreau, quien los acusó de no hacer nada ante el episodio del viaje a Lago Escondido, pese a que "un grupo de jueces y fiscales viajen invitados por una empresa (por el Grupo Clarín) a lugares de lujo, en aviones de lujo, en un ejercicio claro del delito de dádivas" y luego "planifiquen nuevos delitos para ver cómo tapaban el delito original".
El paso fundamental para avanzar en el procedimiento será aprobar en comisión por simple mayoría -se requieren 16 firmas- la admisibilidad para abrir una investigación a partir de los 14 pedidos de juicio político presentados por el Gobierno nacional, diputados oficialistas e incluso algunos opositores -en el caso de Lorenzetti-, para luego comenzar la etapa de recolección de pruebas.
Desde la oposición, el titular del bloque de la Coalición Cívica y vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, anticipó que desde ese espacio propondrán "una serie de invitados para discutir la admisibilidad porque las últimas causales son claramente discutibles". Apuntan a citar al ministro de economía, Sergio Massa, que, por ahora, ha mantenido un silencio conveniente sobre este polémico tema. De todos modos, el FdT puede bloquear este pedido de la oposición.
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