El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará sesionar el próximo miércoles para intentar aprobar el proyecto de ley que modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, una iniciativa demandada por el Ministerio de Economía en el marco de cumplimientos internacionales.
El carácter complejo de estos ilícitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente, hacen imprescindibles actualizar el Código Penal en este rubro.
La sesión prevista para las 11 fue solicitada por el jefe del bloque del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, y otros integrantes de esa bancada, por lo que la responsabilidad de reunir el quórum recaerá en el oficialismo.
De esta manera, la Cámara vuelve a la dinámica previa a la sesión de consenso realizada el pasado martes 28 de marzo, y en la que la mayoría de los bloques dieron quórum para debatir el proyecto referido a la Justicia federal en la provincia de Santa Fe, la creación del monotributo para contribuyentes tecnológicos, un nuevo parque nacional y la modificación de la Ley de Sangre.
Antes de esa sesión de acuerdo, Diputados vivió una parálisis de más de tres meses producto del reclamo esgrimido por Juntos por el Cambio (JxC), primero contra una resolución de la titular de la Cámara, Cecilia Moreau, en relación a la conformación del Consejo de la Magistratura, y luego en rechazo a la decisión del oficialismo de avanzar con el juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema.
La tensión en el Congreso sigue pero fuentes del oficialismo confían en la concurrencia de bloques minoritarios para obtener el quórum, aunque no descartan que entre hoy y mañana se pueda arribar a una agenda de consenso con JxC y el interbloque Federal que permita ampliar el temario para poder llevar adelante una jornada en el marco de acuerdos.
Desde el FdT dejaron trascender que se le ofreció a JxC la posibilidad de incluir el proyecto de creación de universidades impulsado por diputados de ese espacio, como las de Río Tercero y del Salado, pero que la propuesta fue rechazada.
El proyecto de lavado de activos que modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión de
este delito, iniciativa que aun no tiene dictamen de comisión, pese a que ingresó al Parlamento el 1 de junio del año pasado, cuando Martín Guzmán aún era el ministro de Economía.
Si bien la iniciativa fue abordada por un plenario de comisiones en el último trimestre del año pasado, aun no cuenta con el dictamen que habilite su tratamiento en el recinto. Ante ese panorama, las comisiones de Legislación General, Finanzas y Legislación Penal se reunirán en plenario el próximo martes a las 11 con el objetivo de emitir el o los dictámenes que un día después estarán sobre las bancas del recinto.
Una de las reformas más importantes que contempla la iniciativa es la que convierte a la UIF en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.
Otro punto importante es que se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF, ya que incorpora a los proveedores de servicios de activos virtuales ( esto incluye a las criptomonedas); a las personas humanas o jurídicas, que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos. También a abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.
Qué piensa del proyecto la oposición
De acuerdo a lo expresado en las reuniones desarrolladas el año pasado y a declaraciones periodísticas vertidas sobre el proyecto de lavado de activos, JxC no estaría en desacuerdo con el proyecto, aunque plantea algunas observaciones que lo llevarían a firmar un dictamen de minoría.
El diputado Pablo Tonelli (PRO) reconoció que varias de las propuestas sugeridas por su bloque fueron tomadas en cuenta por la UIF y eso es "destacable". Además, con la intención de buscar alcanzar un acuerdo, el legislador solicitó en noviembre pasado algunas incorporaciones, entre las que se destacan que "en la ley conste la facultad que tiene la UIF de querellar", así como también, "modificar los mecanismos de elección y remoción del presidente y vicepresidente del organismo".
Por su parte, la diputada Graciela Camaño del Interbloque Federal -tercera fuerza de la Cámara- destacó que se trata de una "legislación que nos pone en un nivel internacional de trabajo en contra de los delitos complejos", aunque su compañero de bloque Alejandro "Topo" Rodríguez fue más cauto: "Aún no fijamos posición, lo estamos analizando detalladamente", advirtió.