En la audiencia del martes en el Tribunal Oral Federal, el fiscal Francisco Maldonado estuvo de acuerdo en que el exdirector del PAMI, Jorge Clavel, acceda a la suspensión del juicio a prueba (probation), es decir, que repare con dinero y la entrega de productos a una entidad pública, a cambio de evitar el juicio en el que está acusado por pedido y cobro de coimas. La posición del representante del Ministerio Público no es vinculante, aunque, como responsable de la persecución criminal, tiene un peso importante. Así, la definición quedó en manos de los jueces Daniel Doffo, Eliana Rattá y el mendocino Héctor Carelli.
El pedido de la suspensión de juicio a prueba fue realizado por Fernando Castro, abogado de Clavel. El planteo abrió el debate sobre si el beneficio es aplicable al imputado, ya que fue funcionario y el Código Penal establece que el régimen no procede cuando una persona, en el ejercicio de sus funciones en un cargo público, "hubiese participado en el delito". Sin embargo, Maldonado hizo mención a fallos del propio Tribunal y de otras instancias superiores en los que se concedió la probation a funcionarios públicos en casos en los que la prueba que los incriminaba no era directa, si no tangencial, como en la situación de Clavel, quien, además, no volvió a ocupar un puesto en ninguna repartición estatal nacional ni provincial. También señaló que se basó en un criterio amplio de aplicación de la probation, cuya lineamiento proviene de la Procuración Nacional. Además, destacó que la causa se encamina a tener un responsable. Se trata del contador Leonardo Fabián Páez, quien fuera jefe del Departamento Contable de la delegación local del PAMI, quien reconoció haber pedido y cobrado coimas en un acuerdo de juicio abreviado, justamente, con el fiscal. La prueba sí lo incrimina al imputado, quien aceptó una condena de dos años de prisión en suspenso, la inhabilitación especial perpetua (no podrá ocupar un cargo público por el resto de su vida) y el pago de una multa de 10 mil pesos. El Tribunal Oral también debe sellar el acuerdo en este caso.
En cuanto a Clavel, este ofreció como reparación la entrega, por mes y durante seis meses, de 14 cajas de leche en polvo de primera calidad para una entidad de bien público. Por su parte, el fiscal pidió que, además, ponga 50 mil pesos, cifra que equivale a la maniobra defraudatoria que se cometió entre 2006 y 2010 en la obra social de los jubilados.
Acusación
En un hecho, los imputados les habrían solicitado dádivas a dos instituciones para que pudieran prestar servicios a PAMI, pero estas no aceptaron. Y en el otro, sí habrían percibido "comisiones" para que comerciantes pudieran participar en la entrega de mercaderías a centros de jubilados.