Cristina Kirchner quedó a un paso del juicio oral y público en la causa donde se la acusó por estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado, tras la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. El fiscal Eduardo Taiano presentó ante el juez Claudio Bonadio el requerimiento de elevación. Después de los próximos doce días, el magistrado ya estará en condiciones de enviar el expediente a juicio.
Para la fiscalía existió un “plan criminal orquestado y puesto en funcionamiento” para “dotar de impunidad a los ciudadanos iraníes” acusados del atentado contra la sede de la AMIA.
En enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman denunció a la expresidenta, al excanciller Timerman y a otros exfuncionarios y militantes K por el encubrimiento del ataque terrorista, al impulsar la confección y aprobación del Pacto con Irán. Dos días después apareció sin vida en el baño de su departamento, en Puerto Madero.
En uno de los fallos más delicados para Cristina Fernández, el juez Bonadio la acusó de traición a la Patria, encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional, todo vinculado al pacto con Irán como supuesto beneficio para los acusados del atentado de la AMIA. Según la justicia, la ex Presidenta y sus funcionarios diseñaron un “plan criminal” para “dotar de impunidad” a los iraníes responsabilizados de la voladura de la mutual judía.
La acusación por “encubrimiento agravado” se justificó ante la comprensión de que el atentado a la AMIA se consideró como un delito de lesa humanidad y por su rol de funcionarios públicos, generaron “un impedimento o estorbo de un acto funcional eincumplimiento a los deberes de funcionario público”.
En este contexto, y en la causa que cuenta con cinco detenidos y la prisión preventiva de la expresidente que está supeditada al desafuero del Congreso, el fiscal de la causa, Eduardo Taiano presentó su requerimiento de elevación a juicio oral y público bajo las acusaciones confirmadas por la Sala I de la Cámara Federal porteña, es decir por “estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado”.
Se reiteró que el “accionar criminal denunciado” fue “orquestado y puesto en funcionamiento” por Cristina Fernández, a la cabeza de todas las responsabilidades, pero alcanza a sus principales funcionarios de entonces: Zannini, Parrilli, la ex Procuradora del Tesoro Abbona, Timerman, Juan Mena, Andrés “Cuervo” Larroque, Zuain, entre otros.
La DAIA, querellante en la causa, también pidió que Cristina Fernández y los demás acusados vayan a juicio oral y público por esos mismos delitos.