El gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz presentó formalmente hoy el proyecto oficial para reformar la constitución de esa provincia, donde uno de los temas que genera más polémica en la oposición es la intención de que el actual mandatario sea habilitado para una reelección.
Lifschitz puso sobre la mesa el proyecto de reforma de la Constitución porque tiene premura que esa propuesta sea analizada antes de que termine mayo en la Legislatura de Santa Fe, donde por ahora sólo existe consenso en la bancada socialista. La obsesión del gobernador es que la reforma contenga la posibilidad de una reelección. Por los sondeos que manejan cerca del mandatario esa sería la única posibilidad de que el socialismo tenga chances en 2019.
La Constitución provincial se modificó por última vez en 1962 y desde entonces se sucedieron hechos y cambios de paradigmas que la norma no refleja, según planteó el gobierno. En 1994 se reformó la carta magna nacional y cambió el paradigma: se consagró la democracia y los derechos humanos como valores supremos. Solo dos provincias, desde la vuelta de la democracia, no reformaron su Constitución: Santa Fe y Mendoza.
Lifschitz dijo que la reforma “no es una ocurrencia de este gobierno, sino que se inició con mucha anterioridad en el mensaje, en las propuestas, en las ideas de otros gobernadores de distintos partidos políticos, de constitucionalistas, de expertos, de dirigentes políticos de todos los sectores que se han manifestado a favor de un proceso de reforma Constitucional desde hace muchos años, más de 20 por lo menos”.
El gobernador había presentado el proyecto oficial el martes de la semana pasada a los partidos con representación parlamentaria. Entre los puntos más trascendentes de la reforma, Lifschitz enumeró: el reconocimiento de la autonomía de los municipios, la extensión de los mandatos de los presidentes comunales de dos a cuatro años, elección de diputados provinciales por sistema D’Hondt, paridad de género para las listas, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y la incorporación del referéndum y el plebiscito. Además, mencionó la intención de que la Caja de Jubilaciones no pueda ser transferida ni privatizada, al igual que las empresas provinciales de servicios públicos.
Fuente: La Nación