La escalada inflacionaria ha "puesto en peligro que, en dos meses, todas las obras se nos vayan a pique, se paren", resaltó el ministro de Obras, Julio Ortiz Andino, quien agregó que están en riesgo unos 12 mil puestos de trabajo de la construcción, además de que puede darse que, "en muchos casos, se van a fundir empresas". El funcionario planteó ayer ese escenario dramático en la reunión con los presidentes de bloque en la Cámara de Diputados, ya que el Gobierno apunta a sacar una ley para costear los desfasajes que se han producido entre los montos de los contratos y la estampida por la inflación, pese a que existe un mecanismo de actualización nacional (llamado de redeterminación de precios), el cual se ha visto desbordado (ver recuadro).
De esa manera, la gestión uñaquista compensará los desfasajes producidos tanto en la obra pública provincial y nacional, reconoció Ortiz Andino, las que comprenden "viviendas, escuelas, vialidad (rutas y caminos), saneamiento (agua y cloacas)" y otras emblemáticas, como el "velódromo, el penal (de Ullum), hospitales y (el dique) El Tambolar", destacó. A simple vista, se vislumbran montos millonarios, aunque el titular de la cartera indicó que "no tenemos un valor estimado, estamos empezando a estudiarlo". A su vez, el proyecto de ley faculta al Ministerio de Hacienda a que "efectúe las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes para atender los gastos que demande la implementación de las acciones a adoptar". Su responsable, Marisa López, expresó que "es un proyecto del ministro de Obras Públicas y a la brevedad nos vamos a reunir". En cuanto al costo, señaló que "supongo que lo determinará él, que es el que tiene a cargo toda la obra pública de la provincia. Todavía no tengo ningún dato a la fecha".
Debido a la urgencia de la problemática, Ortiz Andino planteó ante los presidentes de bloque que la iniciativa sea tratada y aprobada en la sesión de este jueves "sobre tablas", pero se decidió, entre oficialismo y oposición, que fuese enviado a las comisiones legislativas para que sea analizado. Sergio Miodowsky, titular de la bancada Producción y Trabajo, dijo que la iniciativa "necesita estudio para que nos saquemos algunas dudas que puedan surgir". Si bien no adelantó un acompañamiento ni un rechazo, expresó que, "siempre que sea en beneficioso para la gente, vamos a estar de ese lado", aunque reiteró que lo van a analizar. El proyecto puede salir con simple mayoría, con la que cuenta el Frente de Todos (FdT), pero, por la decisión que pase a comisiones, todo indica que se busca un amplio respaldo.
Julián Rins, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, calificó al escenario de "muy preocupante" y explicó que el sistema de ajuste no va al ritmo del aumento de los costos. "Depende del sector, pero tenemos desfasajes del 20, 30 y hasta el 40 por ciento en períodos muy cortos en los últimos siete meses", remarcó el empresario, además de resaltar que las obras insumen "24 o 36 meses". Además, hizo hincapié en que "es importante que esta norma salga lo más rápido posible", ya que, ante demoras, "corremos el riesgo de que el remedio llegue tarde". Por su parte, el diputado Eduardo Cabello, líder de la UOCRA, indicó que hay unos 12 mil trabajadores que dependen de la construcción
Mirada oficialista
El diputado Cabello, de la UOCRA, dijo que “hay que ver cuál es el monto que se les va a dar (a las empresas) y cómo se controlará. No va a haber inconveniente
para que salga, el bien común va a primar”.
Plazo
La emergencia en materia de obra pública “tiene una duración de un año”. Se establecerá una “línea de base para todos los contratos y luego, plantear una nueva redeterminación”, dijo Ortiz Andino.
Emergencia en materia de obra pública
El mensaje del Ejecutivo a la Cámara de Diputados resalta que “es recurrente el reclamo de las empresas, aludiendo a la distorsión entre los precios reales de mercado y los contractuales, calculados por la aplicación de índices del decreto nacional 691/16”, al cual está adherido la provincia. La consecuencia “es el incumplimiento de los plazos de obra o, en casos más complejos, su paralización lisa y llana”. Además, señala que “estas distorsiones, sumadas a las restricciones en la importación de insumos claves, a las dificultades para acceder a otras divisas para cancelar compromisos previamente contraídos, a las limitaciones para la obtención de créditos y a los inconvenientes para acceder a los habituales mercados para la compra de materiales e insumos, dificultan gravemente las posibilidades de cumplimiento de los diversos contratos de obra pública vigente”. Ortiz Andino agregó que vienen trabajando con Nación una “nueva metodología de redeterminación de precios que tenga dos objetivos: en primer lugar, minimizar los procesos administrativos para que se pueda pagar el certificado de obra junto con la redeterminación y, segundo término, que no genere una distorsión grande”.