A través de la Secretaría de Derechos Humanos, el Gobierno pidió que se le otorgue la prisión domiciliaria a Ricardo jaime, el exfuncionario de Transporte condenado a ocho años de cárcel por la tragedia de Once. La solicitud fue realizada por medio de una nota firmada por el secretario Horacio Petragalla Corti y por Mariano Przybylski, el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional.
"Esta Secretaría de Derechos Humanos de la Nación cuenta con un interés legítimo en que se le otorgue la prisión domiciliaria al Sr. Ricardo Raúl Jaime", comienza el documento, y agrega: "Toda vez que en caso de que persista su detención intramuros, el Estado argentino podría ser responsable internacionalmente por la violación de las obligaciones asumidas relativas a la libertad de las personas, a su integridad psicofísica, la salud y la prisión humanitaria de las personas privadas de su libertad".
Dentro de los argumentos que se esgrimen en el texto, los funcionarios hacen mención a la supuesta fragilidad de salud del exsecretario de Transporte en el contexto del avance del coronavirus a nivel local.
"Nótese que, según los exámenes médicos que se le realizaron al imputado, y el actual contexto de la pandemia del Covid-19, la salud del imputado se encuentra en estado crítico y agravándose constantemente por sus condiciones de detención", aseguran.
En tanto, agregan que la situación empeora aún más cuando se tienen en cuenta "las alarmantes condiciones en las que se encuentra la población carcelaria en la región, que incluye precarias condiciones de salubridad e higiene".
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto puede significar "un mayor riesgo ante el avance del Covid-19, en particular para aquellas personas que conforman grupos en situación de vulnerabilidad". Esto último es lo que sucede, según Petragalla Corti, en el caso de Jaime.
El martes, el exsecretario de Transporte inició una huelga de hambre en el penal de Ezeiza, después de que la Justicia rechazara los pedidos de excarcelación y prisión domiciliaria que presentó por miedo a contagiarse coronavirus.
Según fuentes judiciales, Jaime había hecho el reclamo al Tribunal Oral Federal (TOF) 6, que lo juzga, entre otras cosas, por la compra de trenes chatarra a España y Portugal durante su gestión y por enriquecimiento ilícito.
A través de un escrito, notificó a los jueces que inició su protesta la semana pasada, por lo que los magistrados de ese tribunal "libraron un oficio al Servicio Penitenciario Federal para que sea monitoreado su estado de salud".
La defensa oficial de Jaime había pedido la excarcelación o, en todo caso, el arresto domiciliario porque tiene 65 años y problemas de salud como hipertensión, cuadros cardíacos y respiratorios, por lo que se encuentra "dentro del denominado grupo de riesgo ante la expansión del Covid-19".
Fuente: TN