Durante una videoconferencia con los diputados que integran la comisión de Seguridad, la ministra Sabina Frederic explicó que el Gobierno, a través de las fuerzas federales, realiza un “ciberpatrullaje” en las redes sociales con el objetivo de “detectar el humor social”.
“Nos ha permitido trabajar sobre alertas tempranas para prevenir diversas situaciones. No es ciberespionaje, es ciberpatrullaje. Se hace un rastreo por lo que es público en las redes. Twitter, Facebook e Instagram tienen muchas cuentas que tienen faceta pública y otra privada. Las fuerzas federales solo acceden a lo que es público y eso permite anticiparse a una dimensión del humor social, no a todo”, detalló la ministra.
Según la justificación que esgrimió, esto lo hacen para poder prevenir saqueos o combatir delitos cibernéticos como el grooming: “Es estar atentos a las tensiones sociales y a la incitación a cometer delitos como la convocatoria a saqueos. Incluso, es necesario prevenir el grooming. Si observamos que en el mundo se registran cada vez más delitos mediante estos dispositivos, es necesario que el Ministerio analice cómo se alientan o producen”.
Y completó: “Soy antropóloga social, tengo claro que con el ciberpatrullaje hacemos poco pero hacemos algo y siempre algo es mejor que nada”.
Inmediatamente, los legisladores de la oposición presentes manifestaron su preocupación por los dichos de la funcionaria y advirtieron que este tipo de actividades podría afectar gravemente la libertad de expresión y la privacidad de la ciudadanía.
El vicepresidente de la comisión, Álvaro De Lamadrid (Unión Cívica Radical) sostuvo que “es grave estar haciendo ciberpatrullaje para mediar y auscultar el humor social” y aclaró que "la pandemia y su excepcionalidad no están por arriba de la Constitución Nacional”.
En el mismo sentido se expresó Gustavo Menna, del mismo bloque: "No es ni más ni menos que control sobre la libertad de pensamiento y opinión de las personas y una actividad de inteligencia política prohibida por ley. Es incompatible con la Constitución Nacional y la Convención Interamericana de Derechos Humanos que se pretenda patrullar el humor social en las redes”.
Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica, sostuvo que lo dicho por Frederic “es un nuevo causal más para agregar al pedido de juicio político” que presentaron en su contra.
Patricia Bullrich, quien antes estaba a cargo de la cartera de Seguridad, también salió al cruce de Frederic: “¿Qué código establece que el humor social es delito? Eso se llama espionaje y es un gravísimo delito. El cyberpatrullaje se utiliza contra el terrorismo, narcotráfico, grooming, violencia de género, amenazas, etc. Si quiere medir el humor social haga una encuesta, ministra”.
Con el correr de las horas y viendo que el Gobierno no se hacía eco de las polémicas declaraciones de la ministra de Seguridad, Juntos por el Cambio emitió un comunicado alertando sobre la situación: “Constituye una invasión al ámbito privado afectando la libertad de expresión. El humor social no constituye delito alguno sino que se corresponde con el despliegue del derecho a expresarse libremente”.
Y agregaron: “Instamos al Ministerio de Seguridad a evitar los excesos en el uso de esta herramienta y limitarla estrictamente para detectar delitos en temas que afectan a las libertades establecidas en nuestra Constitución y en todos los tratados de Derechos Humanos”.
Silvana Guidici, ex presidenta del Enacom y experta en comunicaciones, también alertó sobre los riegos que esta medida conlleva: “Que las fuerzas tengan divisiones de ciberseguridad está muy bien porque a través de las redes se cometen delitos. Entonces, si alguna fuerza interviene por un delito de pedofilia o amenazas o incitación a la violencia siempre amerita una intervención judicial y luego se trata como delito. Lo que está mal es perseguir opinión, es delito. Está protegida por la Constitución Nacional y es libertad de opinión”.
Para ejemplificar los alcances de este tipo de acciones, Guidici contó los casos de Venezuela y China, en donde, por ley, ambos gobiernos utilizaron el ciberpatrullaje para vigilar y censurar a la población.
“Frederic lo dice desde su lugar de académica donde ella puede hacer una tesis sobre el monitoreo de la parte pública de las redes pero como Ministra no puede intervenir. No es el rol del estado. No tiene la facultad para medir el humor social y menos vigilar al ciudadano sobre lo que expresan o no en las redes”, sentenció.
Desde Fopea también mostraron su preocupación y le adelantaron que le presentará al Ministerio de Seguridad un pedido de aclaración sobre el alcance y el objetivo de este ciberpatrullaje: “Estamos preocupados por el avance policial en provincias y proyectos legislativos que con la excusa de combatir las fake news pueden ser utilizadas contra periodistas críticos de distintos gobiernos”, afirmó su presidente, Fernando Ruiz.