Dolido, molesto y, por momentos, quebrado, el hombre identificado como Franco dijo que "aborrezco" a la que aún es su esposa debido a que se trata "de una persona que quiere matar a nuestro hijo". La mujer había iniciado los trámites para acceder a un aborto legal a través de la Obra Social Provincia (OSP), por lo que el marido presentó, por medio de sus abogados, una cautelar para frenar la interrupción del embarazo, aunque una publicación periodística indica que la práctica ya se realizó. "No se trata de ir en contra de sus derechos, de su persona. No es una lucha de un hombre contra una mujer, porque, a pesar de todo, preservo su identidad para resguardarla, pero ¿mi opinión no existe?". De acuerdo al texto de la ley y la opinión de juristas, la norma no contempla la participación ni de la pareja ni de, por ejemplo, un juez, ya que se trata de una decisión exclusiva de la mujer a ejercer el derecho de su propio cuerpo en un tema que es considerado como sanitario.
Por eso, Franco se ha mostrado en contra de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) al resaltar que "si un padre reclama la vida de su hijo para mantenerlo, darle protección y la vida, ¿la pena es la muerte? ¿Dónde está igualdad? No entiendo, es el mundo del revés". La norma es la 27.610 y fue sancionada por el Congreso de la Nación el 30 de diciembre del año pasado, tras un intenso debate entre las dos posturas. Fue promulgada el 14 de enero y el artículo 2 señala que "las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir la interrupción del embarazo", lo que se garantiza hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional. La ley establece que, antes de la realización del aborto, se requiere el consentimiento informado de la mujer, que se da cuando la persona expresa haber decidido en forma autónoma, libre de influencias y presiones interrumpir el embarazo.
Franco reconoció que ha iniciado el trámite de divorcio y que "el enfoque principal es salvar la vida de un inocente, que legalmente es mi hijo". En ese contexto, sus abogados, Mónica Lobos y Martín Zuleta, presentaron una cautelar en el Primer Juzgado de Familia, a cargo de Marianela López, para frenar el aborto de la mujer. Según había expresado Lobos, la medida fue para que el hombre pueda ejercer su derecho a ser padre. Además, había destacado que, "antes de ir al fondo de la cuestión, lo que pedimos es que se preserve la vida del niño por nacer y el derecho a poder ejercer la responsabilidad parental", además de haber criticado que la ley de IVE es inconstitucional.
Tras analizar el planteo, la jueza López se declaró incompetente y la causa recayó en el Juzgado Civil Nº11, que conduce Amanda Días, quien ha tomado una serie de medidas preliminares (ver recuadro). Sucede que, en una nota de Diario Huarpe, hay fuentes que afirman que la mujer ya se realizó la práctica abortiva.
Franco, cuya identidad completa no se revela, al igual que la de la mujer para preservar a los hijos que tienen ambos, resaltó que "yo no soy pañuelo verde ni celeste. Simplemente no comparto el hecho de matar a un ser que tenía derechos, meses atrás, y que parece que ahora no tiene derecho a vivir".
No obstante, la ley establece que el sistema de salud pública, las obras sociales y las entidades de medicina prepagas deben garantizar la prestación ante la solicitud de una mujer, dado que deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la práctica abortiva. La norma es de orden público, por lo que su aplicación es obligatoria en el país.
Incompetencia y medidas
La jueza Marianela López (en la foto, al frente), del Primero de Familia, se declaró ayer incompetente debido a que la cautelar presentada por el hombre "excede el ámbito de competencia otorgado a los Juzgados de Familia", de acuerdo a lo que establece la ley Orgánica de Tribunales. Por eso, envió el expediente a la Mesa Única Receptora de Causas Civiles para su sorteo, el cual recayó en el Juzgado Civil Nº11, a cargo de Amanda Días (en la foto, atrás).
Según fuentes judiciales, esta última magistrada tomó medidas para corroborar si la mujer se hizo el aborto, tal cual salió en una publicación periodística. Si se efectuó la interrupción del embarazo, la cautelar queda en abstracto. En cambio, si no se llevó a cabo, Días debe definir, primero, si es competente para estudiar el caso y, si lo fuese, dictar una resolución.
Las fuentes dijeron que la jueza envió oficios al Ministerio de Salud Pública de la provincia, a la Obra Social Provincia (OSP) y al Sanatorio Argentino (como una de las principales clínicas privadas) para que le informen, de manera urgente, si la mujer se hizo la práctica abortiva.
De acuerdo a lo que trascendió, la magistrada habilitó días inhábiles para que, en el caso de que reciba las contestaciones, poder resolver de manera rápida el tema que ha abierto el debate sobre el aborto legal.
"Papás en lucha" y la "Ola Celeste", juntos en la marcha
"Papás en lucha", un grupo que representa aquellos tutores que tienen conflicto judicial con su expareja que les impide vincularse con sus hijos, y la "Ola Celeste" local, el sector que se viene expresando en contra de la ley del aborto, confluyeron ayer en la tarde en una marcha alrededor de la Plaza 25 de Mayo. La situación que generó la unión fue el acompañamiento a Franco, el hombre que encaró un pleito judicial en el que le solicitó a la Justicia local que no se le permita a su expareja que se le realice la interrupción voluntaria de embarazo (IVE) porque él quiere responsabilizarse del niño por nacer. A la marcha se acercaron más de un centenar de personas, entre ellas, mayores y niños.
La agrupación "Papás en Lucha" ya había anunciado, el pasado lunes, que iba a realizar una manifestación en la jornada de ayer, reclamando la situación de padres que no pueden ver a sus hijos. Incluso, durante el reclamo, quedaron expuestas algunas situaciones delicadas, como la de un progenitor que lleva siete años sin poder ver a un hijo. Emilia Palacio, al frente de esta agrupación, aseguró ayer que la manifestación de este sector busca "que la sociedad tome conciencia que la prioridad son los niños. La Justicia lenta no es Justicia. La obstrucción es una forma grave de maltrato infantil. Las denuncias falsas son un delito y también deben ser penadas por la ley".
Por el sector de las personas que se expresan a favor de las dos vidas, Leonardo Pantano, representante de "La Ola Celeste", indicó ayer que "un padre que esté luchando para que no se aborte a su hijo es algo que no puede pasar. Él ofreció todo: desligar de toda responsabilidad a la madre. Creo que no hay mucho más por discutir, es sentido común. La criatura ya existe".
La marcha visibilizó las posturas y los reclamos de ambas agrupaciones.
Participación
El diputado nacional por Cambiemos, Eduardo Cáceres, se hizo presente en la marcha. El legislador utilizó la oportunidad para promover la sanción de la ley Alejo, que busca proteger a los hombres víctimas de violencia por parte de mujeres.