Guillermo Adárvez, titular del Tercer Juzgado de Instrucción, volvió a quedar en el ojo del huracán. El abogado Antonio Falcón lo denunció el miércoles por dictar resoluciones contrarias a la ley. ¿Qué sostiene? Que el magistrado debió apartarse de la investigación contra su cliente, Sebastián Merino, a quien procesó luego de que fuera acusado por la presunta violación de una joven de 36 años supuestamente discapacitada. Es que el denunciante, padre de la víctima, es el exdiputado bloquista Alfredo Castillo, a quien define como “íntimo amigo” de Adárvez. Por ese lazo, Falcón sostuvo que hubo “ayuda” en un caso con irregularidades y que se perjudicó a su defendido. Como prueba de ese estrecho vínculo, presentó el acta de casamiento del juez, en el que Castillo fue testigo ante el Registro Civil. Fuentes calificadas aseguraron que el fiscal Roberto Mallea ya solicitó medidas previas para definir si pide o no la apertura de la causa.
No es la primera embestida contra el magistrado, ya que Falcón también había denunciado que, en el mismo caso, en ese juzgado se falsificó o incorporó de manera ilegal la firma de la joven que fue víctima del ataque sexual. Por ese hecho, el juez Benito Ortiz, del Primero de Instrucción, abrió la investigación para determinar quién fue el responsable.
Aunque en la nueva denuncia Falcón apunta a que se determine el autor, toda su argumentación está orientada a Adárvez. El caso viene levantando polvareda hace rato y ahora sumó un nuevo capítulo. En el escrito, el abogado cuestionó que el juez considerara “válida” la denuncia que “su íntimo amigo” hizo por la violación a la joven. Tanto Falcón como el fiscal Carlos Rodríguez habían señalado que todo es nulo, ya que la presentación debió ser instada por la propia víctima, porque es mayor de edad y aún un juez no define con un fallo su estado de discapacidad y que tenga que ser representada por otro en sus actos.
Medidas previas
Tras la nueva denuncia de Falcón, fuentes calificadas señalaron que el fiscal Roberto Mallea solicitó medidas previas. Entre ellas se encuentran una copia del expediente de recusación y la copia original del acta de casamiento del juez Adárvez, en la que aparece Castillo como testigo.
Además, el abogado criticó que Adárvez no se haya inhibido de actuar por su “amistad íntima” con Castillo. Falcón había indicado que ambos compartieron un pasado de militancia en el Partido Bloquista. Pero además, cuestionó que haya rechazado la recusación y siguiera con la investigación. Dicho planteo se encuentra en la Cámara de Apelaciones. Dentro de esa movida para probar el lazo entre los dos, el profesional (de cuna radical) agregó el acta de casamiento del magistrado, en la que aparece el exlegislador como testigo.
En sus fundamentos, Adárvez había dado por acreditado que el exdiputado ejerce en los hechos la “guarda” de su hija, quien está asentada en un registro nacional como una persona con discapacidad, con un diagnóstico de “psicosis”.
Con respecto a la amistad con Castillo, fuentes expresaron que el juez no negó su relación, pero, de acuerdo a voceros, argumentó, de manera contradictoria, que el exlegislador “no es ni víctima ni damnificado y tampoco interesado”, pues este último concepto se reserva por ley para “el imputado, el ofendido, el damnificado y el civilmente responsable”. Por su parte, Castillo relativizó el vínculo en su cuenta de Facebook al publicar que a “Adárvez lo conozco como conozco a todos los jueces de la provincia”.
En el caso de que cualquiera de las investigaciones que se ciernen contra el magistrado avancen y sea necesario que se lo indague, el fiscal y el juez deberán pedir el desafuero, lo que implica la destitución a través de un jury de enjuiciamiento. Es que Adárvez, como funcionario local, goza de inmunidad de proceso.
Cuestionamientos al fallo
Sebastián Merino (22) fue procesado por la supuesta violación el 26 de junio y se encuentra detenido en el Penal de Chimbas. El fiscal Carlos Rodríguez apeló la resolución y entre sus argumentos pidió la nulidad de lo actuado y que se desligue al imputado con un sobreseimiento. Entre sus fundamentos, el representante del Ministerio Público señaló que en la audiencia videograbada a la víctima, se desprende que ella, la única autorizada a denunciar, no quería hacerlo.
“Todo parece demostrar que fue compelida a denunciar por la insistencia de sus padres, no habiendo actuado de manera libre”, resaltó. Y además pidió el sobreseimiento por inimputabilidad de Merino, al sostener que actuó por “error”, ya que en su escrito explicó que la joven dio señales de querer llevar a cabo el acto sexual.