Luego de ser denunciado como el autor de lesiones y amenazas en el marco de una causa por violencia de género, el juez Federico Rodríguez, titular del Cuarto Juzgado Correccional, dispondrá la indagatoria del diputado nacional Eduardo Cáceres. Así lo confirmaron fuentes judiciales, las que agregaron que no se descarta que el llamado pueda ocurrir la semana que viene, una vez que el magistrado tenga en sus manos todos los elementos de prueba que ordenó. En la indagatoria, el legislador, en calidad de imputado, podrá defenderse del hecho investigado o abstenerse de declarar. Por otro lado, Rodríguez dispuso ayer una serie de medidas para proteger a la denunciante, la dirigente del PRO Gimena Martinazzo, y para que cese cualquier hostigamiento contra la mujer.
Al ser diputado nacional, Cáceres tiene fueros, por lo que no puede ser detenido, aunque eso no impide que pueda ser investigado, que se lo llame a indagatoria e, incluso, que pueda ser procesado (ver recuadro). Martinazzo se presentó ayer ante el magistrado para brindar su declaración y ratificar la denuncia. Entre los elementos de prueba que ordenó el magistrado están incluidas las imágenes de una cámara de seguridad de un domicilio y del Cisem 911 y las fuentes no descartaron que más personas puedan presentarse a declarar en calidad de testigos.
Respecto a las medidas que dispuso Rodríguez, las que no tienen un límite de tiempo y durarán hasta que así lo disponga, figuran una perimetral para el legislador, esto es, que Cáceres no se puede acercar a menos de 300 metros de Martinazzo y de su domicilio. Además, tiene prohibido realizar cualquier acto molesto o perturbador hacia la denunciante, por cualquier vía, incluidas las redes sociales como Facebook, Instagram o Whatsapp, y tampoco puede mandar a un tercero a que lo haga. Otra de las acciones ordenadas se conoce como bozal legal, es decir, que el diputado no puede nombrar a la mujer en ninguna declaración, ni en las redes sociales ni en los medios de comunicación.
Este último punto es central, ya que fue el propio Cáceres quien el miércoles, a través de un video por Facebook, reveló que la denunciante es Gimena. En la misma red social, Martinazzo había subido antes su foto con la constancia de la denuncia y posteó que "Hoy dije BASTA! Por mis hijos, por mí, por miles de mujeres que sufrimos violencia". La dirigente habló ayer con varios medios sobre la denuncia, en la que indicó que no se trató de un hecho puntual, sino de algo que ya viene ocurriendo desde hace algún tiempo en la relación que mantiene con el diputado. Según las fuentes judiciales, eso quedó ratificado en la declaración ante el juez y en la que hizo específica referencia a un forcejeo ocurrido el domingo, en el que Cáceres habría querido tomar el celular de Martinazzo, hecho que habría derivado en hematomas para la víctima.
Las medidas que dispuso el juez están enmarcadas dentro de la ley de violencia familiar. Según la norma, si la orden no es acatada, el denunciado incurrirá en el delito de desobediencia, penado con 15 días a un año de prisión. Además, la ley establece que, si el imputado no cumple con el mandato judicial, se le podrá imponer una multa de hasta 10 salarios mínimos vitales y móviles, lo que equivale a 189.000 pesos. Por otro lado, el juez podrá disponer del arresto de la persona y hasta trabajos comunitarios. En el caso de Cáceres, para producirse el arresto, la Justicia debe primero solicitar el desafuero ante la Cámara de Diputados de la Nación.
Régimen de fueros
Los legisladores nacionales, senadores y diputados, cuentan con un régimen de inmunidad establecido por ley, el cual establece que los funcionarios del Congreso no pueden ser detenidos en el marco de una investigación judicial. En San Juan, el régimen está contemplado en Código Procesal Penal, pero que es más restrictivo, ya que determina que los funcionarios no pueden ser investigados o llamados a indagatoria sin antes ser excluidos por la Cámara de Diputados. El nuevo Código Procesal Penal local, sancionado recientemente y que da apertura a la investigación fiscal, aplica un cambio en ese sentido, ya que equipara el fuero provincial al nacional.