Como se veía venir, el juez federal Leopoldo Rago Gallo le pedirá a la Cámara de Diputados el desafuero del legislador justicialista por Calingasta, Alfredo Amín, para poder indagarlo como presunto responsable de maniobras de sobreprecios y de la facturación de mercadería que no se habría entregado al Escuadrón de Gendarmería de Barreal y al Centro de Formación de aspirantes. Fuentes judiciales señalaron que el planteo se hará a fin de mes y las autoridades de los bloques de la Legislatura adelantaron que no entorpecerán el accionar de la Justicia, es decir, votarán por sacarle los fueros. De hecho, el propio imputado resaltó ayer en una conferencia de prensa que “mis compañeros (de la bancada oficialista) saben que no tengo ningún problema de que me quiten los fueros”, ya que destacó que dará todas las explicaciones porque es inocente.
Una vez que se desencadene el proceso, será el primero desde la reforma constitucional de 1986, el cual establece que la Cámara, con los dos tercios de los votos, puede suspender a un diputado para que quede a disposición del juez que lo investigue (ver recuadro). El número para el desafuero es de 24 de los 36 diputados. Con sus socios bloquistas, el peronismo llega a 23, pero el resto de las autoridades de las bancadas adelantaron que irán en sintonía con el oficialismo (ver Opiniones).
Aunque no dio nombres, Amín manifestó que le habían sugerido que renunciara, pero que respondió “¿por qué tengo que renunciar si no hice nada malo?”. No obstante, remarcó que “no estoy atornillado a una banca” y que si la situación se “alarga, daré un paso al costado”, porque “no quiero dejar sin voz a Calingasta en la Cámara”. La primera suplente de la lista es Gladys Valdez.
El diputado calingastino ingresó a la Cámara en 2015, mientras que su compañero de fórmula, Jorge Castañeda, resultó electo intendente. Ambos ganaron la interna peronista en la lista que encabezaba el exsenador Ruperto Godoy, aunque hoy están encolumnados con Sergio Uñac. Amín además es cogerente del Supermercado Don Pocholo Srl, que en 2013 le vendió comestibles al Escuadrón 26 y el Centro de Formación Felix Manifior. Según las fuentes, desde el negocio se emitió una factura por productos varios por 406.342 pesos y por 19.792 pesos que no habrían ingresado al registro del instituto de formación. Y en otro expediente figura que el comercio facturó y cobró en exceso por 156.611 pesos.
El legislador reconoció que aumentaba el precio de los productos porque desde Gendarmería tardaban en pagar y que el porcentaje de incremento era del “40 o 50 por ciento”. En ese marco, señaló que era la mecánica desde el área de finanzas de la fuerza de seguridad, que abonaba a los 10 meses, en un contexto inflacionario.
La investigación, que también encaró el fiscal Francisco Maldonado, quien pidió la indagatoria de Amín, arrojó que están implicados un exjefe de la unidad contable del Escuadrón 26 y quien fuera el titular del Felix Manifior. Además hay otros proveedores involucrados y ayer salieron a la luz más detalles de la causa, ya que varios de ellos ya están procesados (ver nota vinculada).
De acuerdo al expediente, los gendarmes habrían armado el fraude contra la administración pública nacional en supuesta complicidad con los proveedores. La investigación arrojó que hubo sobreprecios y mercadería que se facturó y no ingresó al Escuadrón por un total de 6 millones de pesos.
Opiniones
Marcelo Lima- Presidente de la Cámara
“El cuerpo tiene autonomía, pero creo que debemos preservar las instituciones y no obstaculizar el accionar de la Justicia”.
Pablo García Nieto- Justicialismo
“Si el pedido llega, es una línea del Gobernador y de este bloque no obstruir nada que tenga que ver con la Justicia”.
Andrés Chanampa- Vice Bloque Bloquista
“Es un tema que todavía no discutimos en bloque, pero se tomará una posición de acuerdo a lo que dictamine la Justicia”.
Sergio Miodowsky- Compromiso con San Juan
“El bloque analizará el pedido cuando ingrese, pero opino que si corresponde, el desafuero tiene que producirse”.
Edgardo Sancassani- Compromiso Federal
“No hay que obstaculizar nada. Nosotros no podemos desobedecer un pedido de la Justicia”.
Carlos Munisaga – Frente Renovador
“En principio, votaría el desafuero, Amín no pierde su carácter de diputado, ya que sirve para que sea indagado”.
Eduardo Castro- Juntos por San Juan
“A los fines investigativos, los diputados no tendríamos que tener fueros. Acompañaré cualquier pedido judicial”.
Fernando Moya – Dignidad Ciudadana
“Siempre voy a estar de acuerdo para que cualquiera de nosotros quede a disposición de la Justicia”.
Gustavo Usin – Actuar
“De llegar el pedido, no nos podemos oponer a que la Justicia investigue”.
El procedimiento
El mecanismo de desafuero no registra antecedentes desde que se instauró en la Constitución local de 1986, en su artículo 141. Luego de que los legisladores tomen conocimiento del pedido de desafuero y del sumario sobre la causa que envíe el juez, en la próxima sesión pueden suspender al imputado, por lo que queda a disposición del magistrado. El diputado conserva su condición de tal, es decir, no es desplazado de su puesto, aunque se le suspende su dieta y no puede participar de las sesiones ni con voz ni voto, señaló el presidente de la Cámara, Marcelo Lima.
La carta magna local no establece un plazo de suspensión, por lo que el vicegobernador estimó que el mismo estará ajustado al avance de la causa. Si es sobreseído o se le dicta la falta de mérito, la Cámara puede reincorporarlo. Ahora, si es procesado (que el juez federal de primera instancia considere probable su culpabilidad), el cuerpo legislativo debe decidir si deja de lado la suspensión y procede a la expulsión, al igual que si existiere una eventual condena.
El último antecedente de remoción se dio en 1985 con dos diputadas bloquistas, pero fue bajo otro mecanismo: el juicio político.
El resto de los implicados
Tras la publicación de DIARIO DE CUYO, ayer salió a la luz cuál es la situación del resto de los implicados en la causa que lleva adelante el juez Rago Gallo. Según fuentes judiciales, el segundo comandante Jorge Castro, extitular del área que maneja las finanzas del Escuadrón 26 Barreal de Gendarmería, está procesado por fraude en perjuicio de la administración pública, perjudicar los bienes que tenía a su cargo y por violación a los deberes de funcionario público. En el caso del comandante principal Darío Barco, quien estuvo al frente del Centro Felix Manifior, este fue indagado, pero su situación procesal no está resuelta, ya que hay medidas de pruebas que se están ejecutando.
Luego aparecen los comerciantes Julio Posleman, de Distribuidora Posleman; Oscar Pastén, de Supermercado El Ángel; Genaro Riquelme, de El Triángulo; junto a su hijo Pablo Riquelme; Juan Carlos Tapia, de Panadería Los Andes; Carlos Samat, de Distribuidora Libertador y Alberto Sosa, de Primer Supermercado Barreal. Todos, menos Genaro Riquelme, a quien se le dictó la falta de mérito, fueron procesados por fraude. A los tres primeros los defiende Gustavo De La Fuente, quien indicó que su estrategia es no apelar el procesamiento, a menos que ese planteo sea presentado por otro implicado. Todos los procesados están en libertad bajo fianza. Según las fuentes, la investigación sigue adelante para determinar la responsabilidad de otros involucrados.