Todos los avances que se han producido desde 1995 hasta la fecha, en relación al Acuerdo de Asociaciones Estratégicas entre los bloques del Mercosur (Mercado Común del Sur) y la Unión Europea (UE) siguen sin una definición concreta debido a los cuestionamientos que han surgido en torno a la falta de cumplimiento del bloque sudamericano de exigencias medioambientales. La disputa está planteada fundamentalmente entre Francia y Brasil, por la política implementada por el gobierno del presidente Bolsonaro en relación al mal manejo de valiosos recursos ambientales que en la opinión del presidente Macron no se están preservando como corresponde en perjuicio del clima del planeta.
Hay que tener en cuenta que el acuerdo entre el Mercosur y la UE busca crear un mercado de bienes y servicios de 800 millones de consumidores, lo que representa casi una cuarta parte del PBI mundial. En la actualidad el acuerdo se encuentra en el período de revisión jurídica y la correspondiente traducción. El proceso continuará con la espera de la ratificación por parte del Parlamento Europeo, así como también de los parlamentos de cada uno de los estados de la Unión Europea y del Mercosur. No obstante para llegar a su efectiva concreción y puesta en marcha es necesario sortear diferentes obstáculos y uno de los temas que ha adquirido mayor relevancia es la cuestión ambiental.
El incumplimiento de normas ambientales por parte del bloque Sudamericano no solo ha sido planteado a nivel de estados miembros de la Unión Europea, especialmente Francia, sino que hay otros organismos como grupos conservacionistas y activistas frente al cambio climático que se han hecho eco de estas diferencias. Consideran que en el ámbito de los países que forman parte del Mercosur, entre ellos Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay no se están respetando pautas básicas para la preservación del ambiente como la deforestación o tala indiscriminada del Amazonas, la falta de control de los incendios forestales, el descuido de los acuífero, la polución en grandes ciudades, la falta de saneamiento de cursos hídricos y el vertido de grandes cantidades de basura y plásticos a cauces que desembocan en los ríos o en el mar.
A finales de agosto del año pasado, el presidente de Francia reiteró el rechazo de su país al acuerdo en los términos actuales alegando incompatibilidades entre este y la agenda verde. Por otra parte más de 30 organizaciones no gubernamentales, entre ellas algunas entidades ambientalistas, remitieron a Macron un freno al acuerdo señalando que de aprobarse como está será desastroso para los bosques, el clima y los derechos humanos.