El presidente Alberto Fernández cuestionó este domingo el fallo de la Justicia porteña que ordenó garantizar las clases presenciales en la Capital Federal. “Lo que hicieron es un estrago jurídico”, sostuvo el mandatario, que días atrás decretó el retorno a la enseñanza virtual en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hasta el 30 de abril.
En declaraciones a El Destape, Fernández afirmó que las decisiones que se están tomando “son del exclusivo resorte de la Justicia federal”, y agregó: “No estamos dictando medidas de política educativa. Estamos dictando medidas de política sanitaria en una pandemia. Por eso la ciudad fue directo a la Corte”.
En la misma línea que el mandatario se manifestó Martín Soria, el flamante Ministro de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación, que aseguró en Twtitter: “El Presidente tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos, no dictó políticas educativas. Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos”.
De acuerdo con el funcionario, la medida sanitaria decretada por el Gobierno nacional no podría ser suspendida por la Justicia porteña, a la que describió como “un fuero local, manifiestamente incompetente para resolver sobre cuestiones federales”.
Y cerró: “Este mamarracho jurídico sólo tiene una explicación y es política. La fiscal, los jueces y el Gobierno de la Ciudad deberán hacerse responsables de las consecuencias sanitarias de esta medida”.
El fallo de la Justicia porteña también generó malestar entre los gremios docentes, que convocaron a un paro este lunes para exigir que se respete lo dispuesto por el DNU presidencial.
“Nos encontramos frente a un momento crítico de contagios en la Ciudad de Buenos Aires. La salud y la vida son prioridad”, argumentaron la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE) y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en un comunicado.
Además, afirmaron que la resolución judicial emitida este domingo es ilegítima, y advirtieron: “Si existe un juez que viole la Constitución y disponga la presencialidad en las escuelas en momentos como este, no solo los trabajadores vamos al paro para garantizar la salud y la vida de nuestros compañeros, sino que denunciaremos al juez por los delitos de salud pública”.
El fallo de la Justicia porteña
El fallo que habilitó las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires fue dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo -integrada por los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli-, que por unanimidad se manifestó a favor de los amparos presentados por dos organizaciones civiles.
Los magistrados sostuvieron, por un lado, que el DNU presidencial compromete el derecho a la educación de chicos y adolescentes y el acceso a una tutela judicial efectiva. Por otro, consideraron que el artículo N°2 de la norma vulneraría en forma directa la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y su poder de policía, respecto de materias específicamente locales, como es el derecho a la educación.