Cuando todavía no se apagan las brasas del debate sobre la legalización del aborto que movilizó a gran parte de la sociedad del país, en San Juan era inminente al cierre de esta edición la primer práctica de un aborto legal en la historia en el Hospital Rawson, que se realizará a una menor con discapacidad mental, de 14 años, que fue violada. Su historia causó impacto en la opinión pública y también revuelo en ámbitos del nosocomio.
El inicio de este escalofriante suceso ocurrió por un llamado al 911 el martes pasado, 21 de agosto, que hizo una vecina de una zona rural. Fuentes oficiales aseguraron que en la denuncia se detalló que periódicamente una camioneta iba hasta la vivienda donde la menor vivía con sus padres, caseros de una finca, para retirarla y regresarla horas después.
No existe un registro a nivel nacional de cuántos abortos no punibles se practicaron desde que entró en vigencia el protocolo e 2015.
Las primeras investigaciones determinaron la sospecha de abuso sexual, por lo que la menor fue derivada al Centro de Abordaje Integral de Niños Víctimas (ANIVI) y anteayer tomó el caso el juez penal en turno, Eduardo Raed, subrogante del Segundo Juzgado de Instrucción, según informó la Dirección de Comunicación Institucional del Poder Judicial.
Mientras tanto fue detenido un sospechoso, identificado como Marcelo Villalobo, de 32 años y de nacionalidad boliviana, aparentemente el dueño de la finca donde residía la víctima con su familia, compuesta por sus padres, también de nacionalidad boliviana, y otros 4 hermanos menores que ella.
Entre los estudios realizados a la chica se constató un embarazo de unas 10 semanas y los padres el viernes solicitaron que se interrumpa la gestación. Este hecho corresponde a una de las dos excepciones que contempla el Código Penal en el tema. En el segundo inciso del artículo 86 afirma: "Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto".
Incluso, en 2012 la Corte Suprema determinó que no es punible la interrupción del embarazo tras una violación, con independencia de la capacidad mental de su víctima, y que su realización no necesita de una autorización judicial ni de denuncia policial previa. En ese fallo, la Corte también instó a las provincias a contar con las condiciones apropiadas en los casos que deba interrumpirse un embarazo. En 2015, el Ministerio de Salud de la Nación publicó el ‘Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo’ y hoy hay ocho provincias que todavía no se adhirieron. San Juan es una de ellas, aunque desde el Ministerio de Salud de la Provincia aseguran que están trabajando en ello para adherirse al protocolo nacional o generar uno propio.
Así fue que el juez Raed continuó con la investigación del supuesto delito y la interrupción del embarazo correspondía directamente a la acción del ámbito de Salud Pública.
Por otro lado, también se deslizó que en el hospital se generó un modelo a escala de la grieta que se evidenció este año en toda la sociedad mientras tuvo tratamiento parlamentario el proyecto de despenalización del aborto.
Pero a medida que fueron apareciendo datos de la historia de la víctima y la claridad del Código Penal, fue tomando fuerza la predisposición de cumplir con la ley e interrumpir el embarazo de manera rápida y segura.
Entre el viernes por la tarde y ayer por la mañana se realizó la entrevista video grabada a la menor, lo que anteriormente se conocía como Cámara Gesell, y luego el examen psicológico. A pesar que ya contaba con un certificado de discapacidad la chica, las pericias ratificaron un retraso madurativo. Su cerebro corresponde al de un niño de 4 años. La damnificada narró con detalles como el abuso comenzaba con juegos, que consistían en irse quitando las prendas de vestir. En los exámenes médicos se constató que la situación de abuso ya era sostenido en el tiempo. Ayer se sumó al operativo integral el Ministerio de Desarrollo Humano, que busca brindar contención a toda la familia.
Mientras tanto, la investigación policial continúa para confirmar si el sospechoso es el autor y en ese caso, si actuaba solo o acompañado. Es decir, las pericias sobre el cuerpo de la menor indican que los abusos ocurren desde hace bastante tiempo y sospechan que fue violada por más de un hombre, aunque es algo que podrán comprobar con el relato de la menor y con el análisis del "material ovular de la menor, con el fin de poder cotejar mediante ADN a los posibles autores del presunto abuso sexual", según describe otro párrafo del comunicado de la Corte. A los pesquisas les sorprendió la forma con la que el detenido se defendió: admitió con total naturalidad que mantenía relaciones con la niña, aunque aclaró que nunca pudo haberla embarazado porque es estéril. "Todo saltó porque le hicieron un Eva Test", cuentan que aseguró en medio de un improvisado interrogatorio en una seccional policial. Además, quiso involucrar a los propios padres, al indicar que aceptaban que tuviese encuentros con la menor.
Mientras el terrible caso llegaba a la luz pública en la últimas horas de anteayer y la noticia generaba su profundo impacto, se tomó la decisión de interrumpir el embarazo. La intervención se efectuará con la droga Misoprostol, reconocida por la Organización Mundial de la Salud en su ‘Manual de Práctica Clínica para un Aborto’.
Adhesiones al protocolo
San Juan es una de las 8 jurisdicciones que aún no tienen protocolos ni han adherido al del Ministerio de Salud de la Nación para practicar aborto legal. Las otras siete son Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Además, hay 15 que ya cuentan con el protocolo y otras 7 que adhieren parcialmente.
Proyecto de ley
Dieciséis diputados nacionales presentaron el viernes un proyecto de ley para garantizar la producción pública de misoprostol y mifepristona, para la interrupción del embarazo en casos no punibles. Daniel Filmus, impulsor del proyecto, afirmó que hoy una interrupción del embarazo es de $11.500 y a través del método seguro costaría $1.914.