El 23 de abril de 2018 la escuela rural de Puerto Bello perdió a tres de sus alumnas cuando los niños se subían a los botes para volver por río a sus aldeas en el departamento colombiano de Putumayo.
Ese día las tres muchachas, de entre 14 y 16 años, salieron corriendo hacia la selva donde las esperaban disidentes de las FARC. Ese día fueron reclutadas. Su vacío todavía se nota en esta escuelita rural que constituye la única presencia del Estado colombiano en Puerto Bello, un caserío rodeado de terreno minado al que sólo se puede llegar por río o caminando durante horas por la selva del Putumayo, en la frontera con Ecuador.
El Gobierno dice que esas muchachas son disidentes pero ellas dicen que son FARC.
Las consecuencias del reclutamiento forzoso de menores se sienten más allá de las aulas porque el fenómeno produce un efecto disuasorio en el resto de alumnos y en sus familias, que acaban abandonando la región por temor a que un día les ocurra a ellos.
Empezaron unos 140 chicos en el colegio, de los cuales 5 estaban en el internado. De ellos sólo terminaron entre 27 y 30 internos. Los papás se los iban llevando. En el colegio quedó casi la mitad. ¿Quién iba a dejar a sus hijos acá?
En el trayecto fluvial que lleva al caserío se ven plantaciones de coca en los márgenes; en el embarcadero, los bidones vacíos en los que es transportada la gasolina usada para convertir la hoja en cocaína.
En esta zona hay una sola manera de entrada de plata, el cultivo de hoja de coca. Tras la salida de las FARC de la zona después de la firma del acuerdo de paz con el Gobierno, en noviembre de 2016, llegaron otros grupos armados dedicados a la droga, desde disidencias de la guerrilla hasta otros que no se sabe bien quiénes son.
En Puerto Bello los llaman, simplemente, "la mafia”. Estos grupos han cambiado las dinámicas del reclutamiento: si los disidentes buscan menores, las bandas de narcotraficantes buscan jóvenes, preferiblemente que hayan prestado servicio militar o que sepan empuñar un fusil.
De las tres niñas que "se volaron” a la guerrilla en 2018 sólo una regresó, herida en un combate en el vecino departamento del Caquetá.
Para las familias, que su hijo reclutado vuelva a casa es otro problema porque se verán forzadas al desplazamiento.
El rector del colegio, Gilberto Cortés Ospina, explica que en una ocasión hubo un niño que se fue para la guerrilla, pero como a los quince días se les voló, su familia tuvo que irse ya que si la atrapan las consecuencias son impredecibles.
Cortés se atrevió a denunciar el reclutamiento y ahora paga las consecuencias: fue amenazado por las disidencias y sabe que si vuelven al pueblo él tendrá que marcharse.
Tras la denuncia del rector intervino el Ejército, los disidentes de las FARC se marcharon y su espacio lo ocuparon otros grupos, los que llaman "la mafia”.
El dinero fácil es un argumento más persuasivo para atraer a los menores que amenazar con un fusil. Los muchachos del sector rural muchas veces no miran otras opciones de vida. Miran la guerrilla y les parece como bueno por lo que ven, pero eso no es el fondo de lo que pasa.
Por Santiago José Sánchez
Agencia EFE