La psicóloga Inés Rodríguez, exintegrante del Centro Anivi, acudió a la Corte de Justicia para tratar de revertir la suspensión de seis meses que le había impuesto el Colegio de Psicólogos, y que había ratificado una jueza de primera instancia, por inducir las respuestas de menores contra un conocido bodeguero en una causa por un supuesto abuso sexual. Ante ese planteo, los abogados del empresario pidieron el apartamiento de los cinco miembros del máximo tribunal, porque entendieron que, con la difusión de un comunicado, perdieron la imparcialidad dado que habrían ensayado una "defensa" de la profesional. La puja deviene en que los tres ministros que deben resolver la presentación sostuvieron que no prejuzgaron, por lo que los otros dos y un subrogante deberán definir si aceptan o rechazan la recusación contra sus colegas. No obstante, Marcelo Fernández, uno de los defensores del bodeguero, cuestionó la intervención que vayan a tener estos dos últimos cortistas porque, justamente, también había pedido que quedaran fuera del proceso.
El caso estalló cuando el Tribunal de Disciplina del Colegio de Psicólogos castigó a Rodríguez con seis meses de suspensión "del ejercicio profesional", debido a que las entrevistas que le realizó la profesional a menores "han sido inductivas, tendenciosas o coercitivas, dirigidas en lenguaje avanzado para que pueda entender el niño, no adecuándose a su nivel de desarrollo lingüístico". Fernández había sostenido que "fue ilícita" la forma en que la mujer obtuvo el testimonio de los niños, lo que terminó afectando al bodeguero, cuyo nombre no se revela para proteger la identidad de los menores y quien lleva un largo derrotero penal (Ver recuadro).
La psicóloga acudió a la Justicia para revertir la sanción, pero la titular del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, ratificó el castigo. Fue así que Rodríguez apuntó a la última instancia de revisión en este tipo de causas: la Corte, que admitió estudiar el caso.
En esa etapa, apareció el planteo de recusación de los abogados del empresario. El eje de la presentación apunta contra la cortista Adriana García Nieto por sus declaraciones en medios periodísticos, las que fueron similares a un comunicado oficial, por lo que los representantes del empresario extendieron las definiciones al resto de los ministros por considerar que es un mensaje del máximo tribunal. Una de las frases en cuestión es cuando se había indicado que, "por la experiencia y capacitación, Rodríguez fue formada" por un experto inglés "y juntos dieron inicio al ANIVI, modelo a nivel nacional y latinoamericano". Para Fernández, hubo una "defensa a la posición" de la psicóloga, lo que deviene en un prejuzgamiento.
En su informe, García Nieto sostuvo que la información contenida en los medios y en el comunicado "es de carácter objetiva" y que no omitió "opinión ni dictamen alguno", por lo que rechazó la recusación, al igual que Guillermo De Sanctis y Marcelo Lima, los otros miembros de la Sala que deben resolver el planteo de la psicóloga. Así, fuentes judiciales indicaron que los cortistas Daniel Olivares Yapur y Juan José Victoria y un camarista deben definir el tema de la recusación de sus colegas. Fernández criticó que intervengan Olivares Yapur y Victoria porque fueron recusados e indicó que cualquier resolución que tomen habilitará a un planteo de nulidad, por ejemplo. Sin embargo, las fuentes indicaron que la recusación contra estos últimos cortistas puede darse cuando se notifique que analizarán la solicitud de apartamiento de sus pares.
Faltas
Rodríguez incurrió en una falta grave al incumplir tres artículos del Código de Ética del Colegio de Psicólogos, entre los que sobresale el de prestar servicios profesionales deficientemente.
Posición
El Tribunal indicó en su fallo que "las prácticas inadecuadas no sólo perjudican a la víctima provocando su revictimización, sino que, en muchos casos, afecta el esclarecimiento de los hechos".
El expediente penal contra el bodeguero
La causa que tiene como imputado a un reconocido bodeguero de la provincia estalló en 2016, cuando su exmujer lo denunció por el presunto abuso sexual de su hijo y de dos menores hermanos de éste. Tras la denuncia, el imputado fue detenido, hasta que, luego de dos años de prisión sin sentencia, recibió la excarcelación. Si bien la causa se inició en el Tercer Juzgado de Instrucción, a cargo de Guillermo Adarvez, el expediente cambió de magistrado, luego de que la Cámara de Apelaciones resolviera hacerle lugar a un planteo de la defensa porque no se habían incorporado pruebas que podían desligarlo del hecho. Según indicó el abogado Marcelo Fernández, la Cámara anuló el requerimiento y la elevación a juicio. En el Cuarto Juzgado de Instrucción, se produjo pruebas a favor del empresario, según el profesional. No obstante, otro fiscal hizo el requerimiento de elevación a juicio, el cual se realizó. No obstante, Fernández planteó la nulidad, por lo que señaló que deberá ser analizada por el Tribunal de juicio.