El Tribunal de Cuentas detectó irregularidades por casi dos millones de pesos en el ejercicio 2017 de Caucete. En la mira por la falta de justificación de tal cifra se encuentran cuatro funcionarios, entre ellos el jefe comunal Julián Gil. El órgano de control les formuló cargos por haber efectuado pagos de impuestos y servicios a personas que no acreditaron poder para recibir los importes. En la resolución sobresale la presentación que dio hace dos años el cantante cordobés Ulises Bueno en la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino, en la que el municipio le pagó un millón de pesos a una persona que figuró como el representante del artista, pero hasta el momento no hay ninguna constancia que lo acreditara como tal. En ese punto, fueron imputados administrativamente el secretario de Haciendas y Finanzas, Mauricio Montero; el contador Leonardo Maza Martín, y la tesorera Sofía Vera Rocha.
El fallo del Tribunal se dictó a fines del mes pasado, pero recién salió ayer a la luz con la notificación al Concejo Deliberante. El hecho se suma a una serie de escándalos administrativos de la gestión comunal, como la interpelación de los ediles al intendente por los fondos para el pago de sueldos, un decreto de incorporación de funcionarios políticos a planta permanente que luego fue dado de baja; la suspensión de la presidente del cuerpo legislativo y del secretario administrativo por la supuesta ocultación de documento público; y por el decreto "mellizo" que el jefe comunal o alguien a su mando aparentemente confeccionó para tratar de meter a la planta permanente a personas de su confianza (Ver claves). Por este último punto, los concejales opositores no descartaron conformar una comisión investigadora para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados (Ver recuadro).
La suma de los cargos imputados por el Tribunal de Cuentas asciende a 1.999.700 pesos. De ellos, un millón corresponde al pago que hizo la comuna por la presentación de Bueno. De dicho desembolso no hay acreditación de que la persona que lo recibió sea el representante del cantante, ni que tampoco tenga autorización ni poder para percibir el dinero. Algo similar ocurrió con el pago de 193.200 pesos de impuesto de la Asociación Argentina de Intérpretes y la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (AADI-CAPIF), en el que la persona que cobró no es la misma que firmó el convenio con la comuna y tampoco presentó el poder correspondiente. A su vez, también están en la mira 6.500 pesos por la provisión de dos paquetes de viajes a Buenos Aires, ida y vuelta, del que no existe constancia de los pasajes ni la de factura correspondiente. Por último, hay 800.000 pesos de un convenio del que no existe homologación judicial, esto es, que no tiene el OK de la autoridad competente. Excepto en el primero de los casos, en el resto está imputado el intendente, mientras que el secretario de Hacienda, el contador y la tesorera aparecen en todos.
Además de los cargos, que representa la imputación de un posible perjuicio al patrimonio municipal, el órgano encargado del control del gasto público le realizó a la comuna una serie de recomendaciones como elaborar el organigrama del municipio, confeccionar el manual de funciones y procedimientos y actualizar y completar los legajos de personal, entre otros. Los imputados tienen 15 días desde la notificación para subsanar las irregularidades. De no cumplir, los funcionarios deberá devolver los fondos de su bolsillo.
Sesión picante
Fuentes calificadas indicaron que se espera para el jueves una sesión picante en el Concejo Deliberante de Caucete.
Es que los ediles debatirán si conforman una comisión especial para investigar las presuntas irregularidades detectadas en el área administrativa de la comuna, con la aparición de dos decretos con la misma denominación: uno sobre los cambios de tareas de una trabajadora y el otro confeccionado para que 67 personas ingresen a planta permanente de la comuna. A su vez, de acuerdo a lo que trascendió en las redes sociales, el intendente Julián Gil hizo un descargo de las acusaciones en el cuerpo deliberativo, documento que también será eje de la sesión del próximo jueves. Además, será la primera reunión que presidirá el secretario legislativo, luego de la suspensión por 15 días de la presidente.
Interpelación
A fines de abril, Julián Gil fue interpelado en el Concejo Deliberante por el atraso del pago al personal municipal. El encuentro fue el preludio de la puja electoral entre la edil Romina Rosas y el jefe comunal, quién terminó cayendo en las urnas.
Puja con empleados
A principio de este mes, agentes municipales tomaron la comuna en reclamo por el decreto de nombramiento a planta permanente de 67 personas. Tras las quejas, Gil tuvo que dar marcha atrás de la resolución.
Edil suspendida
La presidente del Concejo, Paola Cepeda, fue suspendida por 15 días por la presunta maniobra de ocultar documentación del Ministerio de Hacienda dirigida al cuerpo deliberativo. También fue suspendido el secretario administrativo.
Decreto "mellizo"
Ediles opositores sospechan que el jefe comunal o gente de su entorno adulteró un decreto para tratar de meter personal al municipio. Se trata de dos documentos que tienen el mismo número y fecha. No descartan una denuncia ni juicio político.