El diputado nacional Walberto Allende había tirado la punta del ovillo al pedirle al Tribunal de Cuentas que opine si es legal o no que el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) use dinero de dos fondos para obras eléctricas con el fin de costear el concurso de anteproyectos para la construcción de oficinas, cocheras y depósito. El organismo de control del gasto fue más allá, dado que se encuentra auditando no sólo las erogaciones del ejercicio 2019 de la repartición que conduce Jorge Rivera Prudencio, sino también todas aquellas que tengan que ver con la utilización de dichas partidas especiales, explicaron fuentes calificadas. Y entre esos pagos se encuentra, justamente, el del terreno donde se planeaba la edificación de las estructuras administrativas. Así, la investigación interna deberá determinar si la plata habría sido mal asignada al darle un destino diferente, es decir, si fue correcto comprar un inmueble cuando el dinero debería haber ido a obras eléctricas.
Si eso se confirmase, ¿qué pasaría? En el marco de su competencia, el Tribunal podría formular un reparo o un cargo. Ambos implican el incumplimiento de la ley, aunque tienen diferencias. El primero es la observación formal frente a procedimientos administrativos irregulares que no deriven en un perjuicio administrativo patrimonial. En cambio, el segundo sí ocasiona un daño a las arcas del Estado, por lo que se le formula al responsable la imputación de un perjuicio patrimonial. En los dos casos, los funcionarios pueden subsanar las anomalías con la presentación de documentación y la justificación de las maniobras. Pero, frente a un cargo, si el implicado no puede dar respuestas, debe devolver la suma en juego de su bolsillo. ¿Este último escenario puede darse con el predio que compró el EPRE, el cual costó 17 millones de pesos? Se verá, dado que el Tribunal está recabando información y documentación no sólo del inmueble sino de otros posibles gastos con los fondos especiales.
En el caso del terreno, debe establecerse si hubo un perjuicio contra el patrimonio, dado que el dinero no desapareció, sino que fue a parar, justamente, a un bien. Otra hipótesis que sonó es que el organismo del control del gasto refleje que hubo un cambio de destino de los recursos, el cual podría corregirse si se le modificara el uso al terreno, es decir, que no se utilizara para instalaciones, sino para una obra energética, explicaron las fuentes.
El origen de la compra del inmueble por parte del ente regulador data del año pasado. El predio está ubicado en Rawson y, de acuerdo a la resolución del EPRE, se financió con 17 millones de pesos del Fondo PIEDE y el de interconexión de la Línea de 500 kV. El primero, de acuerdo a los artículos 2 y 3 de la ley 863-A, "estará destinado a la financiación de obras eléctricas para el incremento de la seguridad y calidad del abastecimiento de energía eléctrica". En cuanto a la segunda partida, el artículo 2 de la norma 789-A señala que tiene como fin la cobertura del 30 por ciento del precio final de la Línea de 500 y el financiamiento, total o parcial, de la construcción y ampliación de estaciones transformadoras, de obras de transporte de extra alta tensión y complementarias.
Allende hizo mención a esas leyes cuando le pidió al Tribunal de Cuentas su recomendación sobre si es legal o no el uso de dichos fondos para el concurso de anteproyectos para las oficinas, cocheras y depósitos del EPRE. Si bien había evitado hacer alguna acusación, sí dejó traslucir sus dudas sobre la utilización de tales partidas debido a que, justamente, tendrían asignaciones específicas.
Costo
17 Millones de pesos costó, aproximadamente, el terreno que compró el EPRE en Rawson. Según una resolución interna, utilizó los Fondos PIEDE y de la línea de 500 kV.
>> Polémica salarial y reducción de fondos
Pedido de informe
Los diputados Marcelo Mallea y Miguel Sánchez presentaron un proyecto de comunicación sobre los salarios del EPRE y el mecanismo por el cual se arriba a tales montos. El pedido surgió luego de notas de este medio, de las que, según información, se reveló que Jorge Rivera Prudencio cobra 683 mil pesos, el vice Oscar Trad supera por poco los 500 mil pesos y Roberto Ferrero, miembro del Directorio, percibe cerca de 400 mil pesos.
Impacto en la boleta de la luz
En el Acuerdo San Juan se estableció una rebaja de los cargos de la boleta de la luz, lo que implicará una reducción progresiva del Fondo PIEDE y de la línea de 500 kV, que alcanzará en total un 60%. En 2021 se reducirá un 25% el cobro de esos dos cargos, en 2022 se bajará otro 10% y en 2023, otro 25%. La ministra Marisa López había dicho que el EPRE deberá hacer una "redefinición" y un "nuevo flujo de fondos" para las obras eléctricas.